En una sesión con resultado previsible, el Senado sancionó este jueves la ley que asegura y refuerza los presupuestos de las universidades públicas, representando un nuevo revés legislativo para el Gobierno. El oficialismo ya anticipa que recurrirá nuevamente al veto.
El proyecto, que había sido habilitado sin mayores dificultades, fue aprobado con 58 votos positivos, diez rechazos y tres abstenciones: Andrea Cristina y Victoria Huala (ambas del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Ahora, la discusión se trasladará al Congreso, ya que la Casa Rosada planea vetar la iniciativa, lo que obligaría a la oposición a insistir con dos tercios en ambas cámaras.
Los puntos centrales de la ley
El texto establece que, al 1° de enero de 2025, los gastos de funcionamiento de las universidades públicas deberán actualizarse en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, cubriendo el período del 1° de mayo al 31 de diciembre de 2024. Para este año, además, se fijan incrementos bimestrales.
El Ejecutivo también tendrá que recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, con subas que no podrán ser menores a la inflación registrada por el INDEC en el mismo lapso. Dichos aumentos deberán ser “remunerativos y bonificables”.
Otro de los artículos obliga al Gobierno a convocar paritarias cada tres meses como máximo, garantizando actualizaciones salariales mensuales que no estén por debajo del índice inflacionario.
El debate en el recinto
Durante la discusión, el senador peronista Fernando Salino remarcó que en los primeros cinco meses de 2025 las transferencias a universidades cayeron un 22,5% respecto al mismo período de 2023. Según sus cálculos, el gasto en educación pasó de representar el 0,72% del PBI hace dos años al 0,43% en el presente. Además, estimó que el costo fiscal de la ley será de apenas 0,12% del PBI.
Desde la UCR, el bonaerense Maximiliano Abad cuestionó la falta de planificación oficial: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y jubilaciones, hoy estaríamos discutiendo una reforma tributaria profunda y la modernización del trabajo. Pero en vez de avanzar, retrocedemos”. También advirtió que “gobernar sin Presupuesto es como navegar sin brújula” y rechazó la idea de que el crecimiento económico dependa únicamente de exportaciones del agro, la minería o Vaca Muerta.
El santacruceño José María Carambia aclaró: “No venimos a votar contra un presidente, esto no es un partido de fútbol”, mientras que el radical Flavio Fama, con trayectoria en el ámbito universitario, salió en defensa de las casas de altos estudios: “Cuando escucho que dicen que se roban toda la plata, ¿dónde están esas auditorías? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública?”.
La postura oficialista
El cierre del debate quedó en manos del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), quien llevó la discusión al plano de la educación básica. Señaló que “uno de cada diez niños no sabe leer, y en los sectores más vulnerables la cifra asciende a uno de cada cinco. La mitad de los chicos no comprende textos, lo que refleja décadas de malas políticas”.
El legislador sostuvo que “las aulas fueron utilizadas como espacios de adoctrinamiento ideológico” y denunció que el sistema universitario arrastra profundas desigualdades: “El 4% de los graduados proviene del 30% de las universidades, que concentran el 55% del presupuesto en salarios”.
