Las nuevas unidades ofrecerán opciones modernas para garantizar la venta de combustibles en zonas del interior donde la infraestructura convencional presenta limitaciones.
La decisión de autorizar la operación de estaciones de servicio móviles en territorio argentino surge ante la necesidad de asegurar el acceso a combustibles en localidades donde las estaciones fijas quedaron obsoletas o dejaron de funcionar. El Gobierno Nacional formalizó la incorporación de estas unidades al registro oficial de bocas de expendio, como parte de la política de modernización y desregulación impulsada por el presidente Javier Milei.
Previo a esta habilitación, diversos puntos del interior del país debieron enfrentar períodos de desabastecimiento o largos traslados hacia otras ciudades para cargar combustible. En respuesta, la administración firmó el Decreto 46/2025, que permite el autodespacho y autoriza formalmente las estaciones móviles desde el 29 de enero de 2025. Con esta medida, Argentina adopta un modelo que ya se utiliza en Europa, donde la tecnología flexible ha mostrado eficacia para abastecer zonas alejadas.
La incorporación de estas unidades móviles tiene como objetivo brindar una alternativa segura, moderna y de rápida instalación, especialmente en lugares donde las estaciones convencionales presentan problemas estructurales o dejaron de operar. A su vez, la iniciativa busca reducir los costos operativos para empresas y usuarios, evitando desplazamientos extensos para obtener combustible.
En el proceso de formalización, la Secretaría de Energía estableció que las nuevas bocas móviles y modulares deberán cumplir estrictos estándares técnicos y de seguridad, basados en normas internacionales como la NFPA385 y la UL-2085. Entre los requisitos se incluyen tanques de doble pared, sistemas automáticos de corte y detección de pérdidas, equipos específicos de control de derrames y extintores certificados en cada unidad.
Además, el funcionamiento de estas estaciones estará sujeto a auditorías periódicas realizadas por empresas externas autorizadas. También deberán contar con seguros y planes de contingencia actualizados, con el fin de garantizar una operación segura para usuarios y comunidades, minimizando eventuales riesgos ambientales o accidentes vinculados al manejo de combustibles.
En cuanto al régimen regulatorio, el Gobierno prevé sanciones ante posibles incumplimientos. Los operadores que actúen por fuera del marco establecido podrán recibir multas equivalentes a hasta 160.000 litros de nafta súper, además de la inhabilitación inmediata en casos de violaciones a las normas de seguridad o falta de auditorías vigentes.
La llegada de estaciones móviles representa para muchas regiones una mejora significativa en el acceso a recursos energéticos, permitiendo que localidades sin infraestructura fija recuperen la provisión de combustibles esenciales para el transporte, la producción y otras actividades económicas. La medida también apunta a fomentar la competencia en el sector, diversificar la oferta y habilitar la entrada de nuevos operadores en zonas hasta ahora consideradas no rentables o aisladas.
El Gobierno define esta política como parte de una estrategia para reducir los costos logísticos del sector energético, con beneficios tanto económicos como operativos. Los usuarios y productores se ven favorecidos por la disminución de distancias a recorrer y por la rápida implementación de las estaciones móviles, que requieren menor inversión en infraestructura.
Otro punto clave es la habilitación de tecnologías de autodespacho, alineada con tendencias internacionales donde la automatización gana terreno en el expendio de combustibles. El marco regulatorio contempla controles específicos para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la protección del patrimonio de las empresas involucradas.
En el interior del país, la expectativa está puesta en la posibilidad de revitalizar economías regionales afectadas por el cierre o la degradación de estaciones de servicio tradicionales. Las unidades móviles y modulares funcionan como una respuesta ágil ante incidentes o interrupciones en la red convencional, al tiempo que colaboran con la continuidad de actividades productivas y comerciales.
La implementación de estas estaciones también exige operar bajo parámetros internacionales reconocidos, lo que implica utilizar materiales y tecnologías comunes en otras jurisdicciones. La referencia a normativas como la NFPA385 y la UL-2085 evidencia la intención de armonizar la regulación argentina con estándares globales en seguridad y control de riesgos.
En el marco general de desregulación y modernización del sector energético, la administración nacional presenta esta iniciativa como un paso para mejorar la eficiencia y ampliar el acceso a servicios esenciales. La seguridad se mantiene como eje central, respaldada por auditorías externas obligatorias, seguros actualizados y un régimen sancionatorio severo que incluye multas y cierres inmediatos ante cualquier infracción.
Si bien las estaciones móviles ya demostraron su eficacia en Europa, su incorporación al sistema argentino supone una novedad. Las expectativas del sector se concentran en el impacto que la medida pueda generar en el corto y mediano plazo, especialmente en términos de cobertura territorial, reducción de costos, impulso a la producción y mayor control estatal de la operatoria.
El decreto presidencial materializa el objetivo de liberar la iniciativa privada y ofrecer un servicio más accesible y competitivo, mediante una modalidad operativa que se adapta a las características geográficas y necesidades del país. El anuncio oficial destaca la mejora en la calidad de servicio, la reducción de barreras logísticas y el incentivo a la competencia como fundamentos de esta transformación.
