El cierre del Gobierno de Estados Unidos atraviesa ya su tercera semana consecutiva luego de que el Senado fracasara por novena vez en su intento de aprobar un proyecto de ley que permita restablecer la financiación federal. La parálisis institucional, marcada por el enfrentamiento entre demócratas y republicanos por las prioridades presupuestarias y los subsidios al programa sanitario “Obamacare”, ha dejado a decenas de miles de empleados públicos sin salario y ha frenado numerosos servicios esenciales en todo el país.
La sesión de este miércoles terminó sin el apoyo suficiente: el proyecto obtuvo 51 votos a favor y 44 en contra, lejos de los 60 necesarios para avanzar. Entre los respaldos se contaron los demócratas John Fetterman y Catherine Cortez Masto, además del independiente Angus King, mientras que el republicano Rand Paul se opuso. Cinco senadores no asistieron a la votación. Con 53 escaños, los republicanos necesitan al menos siete votos del bloque demócrata para aprobar cualquier paquete presupuestario.
Mientras tanto, la administración de Donald Trump intenta mitigar el impacto del cierre sobre los sectores más sensibles de su base electoral. El presidente ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que utilice fondos del Pentágono para garantizar los pagos a 1,3 millones de militares activos, aunque la oposición calificó esta medida como una solución temporal. Desde la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB), dirigida por Russ Vought, se anticipó una “lucha prolongada”, y se confirmó que desde el inicio del cierre, el 1 de octubre, más de 4.000 trabajadores federales han sido despedidos.
El conflicto también se intensificó en el terreno político. El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó con dureza la actitud del oficialismo: “Los republicanos cerraron el gobierno y se fueron de la ciudad”, señaló. Afirmó además que su partido “está listo para negociar un acuerdo bipartidista de gastos”, pero insistió en que la renovación de los subsidios federales de salud es una condición indispensable, ya que su expiración encarecería de manera drástica las primas de seguros médicos para millones de ciudadanos.
Por su parte, el portavoz republicano Mike Johnson advirtió que los militares en servicio activo podrían no recibir su salario completo a fin de mes si no se alcanza un acuerdo. “Los mecanismos actuales son solo un parche”, sostuvo, responsabilizando a los demócratas de bloquear la reapertura al negarse a discutir otros puntos del gasto hasta asegurar los créditos fiscales ligados al “Obamacare”.
El núcleo del desacuerdo gira en torno a los subsidios del seguro público de salud, que vencen este año. Los demócratas buscan renovarlos, mientras que los republicanos los critican bajo el argumento —rechazado por la oposición— de que benefician a inmigrantes indocumentados. El senador Chris Coons, de Delaware, defendió la continuidad del programa, destacando su impacto positivo frente a los recortes impulsados por el Ejecutivo. En paralelo, una jueza federal de San Francisco, Susan Illston, emitió una orden para bloquear temporalmente los despidos en agencias gubernamentales, considerando que “el costo humano no puede tolerarse”.
En medio del estancamiento, las protestas “No Kings”, convocadas para este fin de semana en varias ciudades, reflejan el creciente malestar social. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, reconoció que las negociaciones continúan, aunque dudó de la disposición demócrata a ceder. Propuso avanzar con votaciones individuales sobre los distintos proyectos de gasto, comenzando con el de Defensa, y admitió que “los cierres no benefician a nadie”, subrayando la urgencia de encontrar una salida.
Aun así, los esfuerzos de diálogo entre los sectores moderados de ambos partidos no han logrado reducir las distancias. Legisladores como Jeanne Shaheen, Maggie Hassan y Gary Peters se negaron a apoyar el plan republicano, mientras representantes de Virginia y Maryland, los estados más afectados, denunciaron ataques políticos contra los empleados federales. Paralelamente, organizaciones sindicales respaldadas por legisladores continúan presionando en los tribunales para frenar nuevos despidos y proteger los programas sociales amenazados por la falta de fondos.
Pese a las maniobras financieras para mantener en pie los servicios esenciales y el pago a las Fuerzas Armadas, la administración Trump dejó entrever que planea utilizar el cierre como herramienta política. “Estamos clausurando programas demócratas que no nos gustan, y muchos de ellos nunca volverán a abrir”, declaró el mandatario, dejando en claro que la crisis presupuestaria se ha convertido en un nuevo campo de batalla ideológico en Washington.
