La investigación por el femicidio de Natalia Cruz, ocurrido en febrero de este año en la provincia de Salta, sumó un nuevo capítulo luego de que diez efectivos policiales fueran imputados por presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de medidas de protección judicial y la supuesta confección de un informe con datos falsos.
La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, informó que durante el avance de la causa se detectaron indicios de posibles irregularidades en el accionar del personal de la Comisaría Nº7. A partir de esos elementos, se dispuso una investigación paralela para analizar la actuación de los efectivos involucrados.
Frente a esta situación, la Procuración General resolvió conformar una Unidad Fiscal integrada por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos con el objetivo de profundizar la investigación sobre el desempeño policial.
Una vez reunidos los elementos de prueba considerados suficientes, se formalizó la investigación penal preparatoria y se convocó a audiencia de imputación a diez integrantes de la fuerza por hechos que, según el Ministerio Público Fiscal, habrían tenido relación con el femicidio de la joven.
Natalia Cruz fue golpeada y asfixiada el 17 de febrero en Salta. De acuerdo con la investigación, la víctima contaba con una orden judicial que establecía una consigna policial fija para protegerla debido a reiterados episodios de violencia de género ejercidos por su expareja. Sin embargo, esa custodia no habría sido implementada pese a que el personal policial conocía la existencia de la medida judicial.
La Fiscalía también sostiene que posteriormente se elaboró e incorporó un informe policial que contendría información falsa, en el que se dejó asentado un supuesto intento de cumplimiento de la medida de protección.
La investigación además abarca presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Comisaría Nº7 de Campo Quijano durante enero y febrero de 2026, vinculadas con la ejecución y el control de consignas policiales ordenadas por la Justicia en causas de violencia familiar y de género. Según los investigadores, se habrían detectado deficiencias en la organización, supervisión y registro del cumplimiento de esas medidas.
Entre los imputados se encuentran el jefe de la dependencia y un efectivo que cumplía funciones como jefe de Guardia, acusados como presuntos autores de los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Al jefe de la comisaría se le atribuye haber promovido la confección e incorporación del informe presuntamente falso y no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las consignas policiales y de la custodia ordenada en favor de Natalia Cruz. Al jefe de Guardia, en tanto, se le imputa haber dispuesto la elaboración del documento y haber omitido implementar o supervisar el cumplimiento de la medida judicial.
Asimismo, un suboficial y un oficial fueron imputados como presuntos autores del delito de falsedad ideológica. Según la investigación, el primero habría confeccionado y firmado el informe en el que se consignó que la consigna policial había sido implementada, mientras que el segundo habría transmitido la orden para elaborar ese documento e intervenido en su confección.
Por otra parte, cuatro mujeres policías y un efectivo masculino fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación sostiene que habrían omitido adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la consigna policial fija o informar oportunamente a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplir con la orden.
En la causa principal permanece detenido con prisión preventiva desde marzo Daniel Orlando Serapio, pareja de la víctima, acusado como presunto autor del homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio), además del delito de desobediencia judicial.
También continúan privados de la libertad otros dos imputados por encubrimiento agravado, quienes están acusados de haber colaborado en la fuga del principal sospechoso tras el crimen.
