Un hombre fue apuñalado en el abdomen durante una discusión ocurrida en el barrio 2 de Febrero, en Cipolletti, Río Negro, y quedó internado en terapia intensiva debido a la gravedad de las heridas. Por el ataque, un vecino fue imputado por homicidio en grado de tentativa y quedó detenido con prisión preventiva durante cuatro meses.
El caso fue llevado a la Justicia durante una audiencia realizada el domingo ante la jueza de Garantías Rita Lucía. En esa instancia, la magistrada formuló los cargos contra el sospechoso y dispuso que permaneciera detenido por un período de cuatro meses. La acusación fue realizada por el delito de homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.
La investigación quedó a cargo de los fiscales Guillermo Ibáñez y Julieta Della Cha. Según la acusación presentada durante la audiencia, el episodio ocurrió el 8 de octubre, alrededor de las 11, cuando los dos hombres compartían la mañana y se inició una discusión verbal.
Después de la pelea, la víctima recibió una puñalada en el abdomen. A pesar de la gravedad de la lesión, logró retirar la hoja metálica que había quedado en su cuerpo y caminó algunos metros hasta encontrar a su hermano y pedirle ayuda.
Ante la situación, personal de emergencias trasladó al herido al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti. Allí, los médicos determinaron que había sufrido lesiones en el estómago y el hígado, por lo que debieron someterlo a una intervención quirúrgica de urgencia. Luego permaneció internado en terapia intensiva y continuó con asistencia respiratoria mecánica.
Mientras tanto, el presunto agresor se retiró del lugar antes de que llegaran los primeros equipos de asistencia.
Para la Fiscalía, la forma en que se produjo el ataque y la gravedad de las lesiones permitieron sostener, en esta etapa inicial de la investigación, que el acusado habría actuado con intención de matar. De todos modos, la calificación legal fue considerada provisoria y podrá modificarse a medida que avance la causa y se incorporen nuevos elementos de prueba.
La acusación fiscal reunió además testimonios de familiares y vecinos que habrían observado parte de la secuencia. A esas declaraciones se sumaron las actuaciones realizadas por efectivos de la Unidad 45, correspondiente al barrio Anai Mapu, y los informes elaborados por el Gabinete de Criminalística.
Entre las evidencias incorporadas al expediente también aparecieron imágenes registradas por una cámara de seguridad instalada en un comercio de la zona. A ese material se agregó la grabación realizada con un teléfono celular por un testigo que circulaba por el sector en un vehículo de trabajo.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, esos registros permitieron reconstruir tanto el momento en que se produjo la agresión como el desplazamiento del sospechoso luego del ataque.
Los investigadores también secuestraron un arma blanca de fabricación casera que habría sido utilizada durante el episodio. El elemento quedó a disposición de la Justicia y debía ser sometido a las pericias correspondientes, junto con los demás indicios obtenidos durante la investigación.
Durante la audiencia, el defensor oficial Marcelo Caraballo no cuestionó la formulación de los cargos ni los requisitos legales que permitieron avanzar con la investigación. Sin embargo, se opuso al pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía había pedido que el acusado permaneciera detenido al considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación. El planteo se vinculó con la necesidad de garantizar el desarrollo de las distintas medidas de prueba y preservar a los testigos relacionados con el hecho.
Por su parte, la defensa sostuvo que el imputado había permanecido dos días en libertad sin que durante ese período se hubieran registrado amenazas ni contactos con testigos. “No está acreditado el riesgo de entorpecimiento”, argumentó Caraballo durante la audiencia.
Como alternativa a la prisión preventiva, el defensor propuso establecer una prohibición de acercamiento hacia los familiares de la víctima y hacia las personas que pudieran declarar en la causa. También planteó la posibilidad de implementar un sistema de monitoreo electrónico para controlar al acusado.
La jueza de Garantías rechazó esa alternativa y resolvió que el sospechoso permaneciera en prisión preventiva durante cuatro meses.
Con esa resolución también quedó habilitada la etapa penal preparatoria del expediente. Durante ese período, la Fiscalía deberá avanzar con la recopilación de elementos que permitan sostener su acusación, mientras que la defensa tendrá la posibilidad de controlar las pruebas incorporadas y solicitar las medidas que considere necesarias para la investigación.
