La Justicia de Neuquén avanzó contra una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, luego de una investigación que permitió identificar movimientos de dinero superiores a los $43 millones mediante una billetera virtual. La causa tiene como principales acusados a una pareja señalada por distribuir cocaína y marihuana en distintos puntos de la ciudad.
En el marco de la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Paula Yerfino acusó a A.C.H.Q. y B.A.J. de participar, junto con otras personas, en una estructura dedicada a la venta de drogas que operaba desde una propiedad ubicada en el barrio El Trébol. Como parte de las decisiones judiciales, se dispuso que el hombre permanezca en prisión preventiva durante cuatro meses.
La imputación fue encuadrada como comercialización de estupefacientes agravada por la intervención de tres o más personas, en calidad de coautores. La calificación legal se sustentó en el artículo 5, inciso c, y el artículo 11 de la Ley 23.737, en relación con el artículo 45 del Código Penal.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la primera etapa de la actividad investigada se extendió entre el 15 de julio y el 25 de septiembre de 2026. Durante ese período, los movimientos se concentraron en una vivienda del barrio El Trébol, que habría funcionado como un lugar estable para la comercialización de sustancias ilegales.
Según la acusación, los integrantes de la pareja habrían distribuido distintas responsabilidades entre otras personas que colaboraban con la operatoria. Entre las tareas identificadas figuraban la vigilancia y custodia de las drogas, además de la recepción del dinero proveniente de las ventas.
Uno de los procedimientos realizados en ese inmueble permitió encontrar 438,1 gramos de marihuana y 5,3 gramos de cocaína. Los efectivos también secuestraron dinero en efectivo y una balanza digital. Estos elementos fueron incorporados a la investigación y presentados por la fiscal Yerfino ante el juez de garantías Juan Manuel Kees como parte de las pruebas que respaldaron la acusación.
La segunda modalidad de venta y los movimientos por $43 millones
La investigación también identificó un cambio en el funcionamiento de la presunta organización durante una segunda etapa, que se desarrolló entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de este año.
En ese período, la comercialización ya no habría estado limitada a las operaciones realizadas desde la vivienda del barrio El Trébol. De acuerdo con la hipótesis fiscal, los acusados comenzaron a concretar encuentros breves previamente acordados en diferentes sectores de la vía pública para entregar las sustancias.
Los compradores habrían podido realizar los pagos tanto en efectivo como mediante transferencias electrónicas. Para llevar adelante los encuentros y las entregas, los investigadores detectaron la utilización de un automóvil Peugeot.
Otro de los aspectos centrales del expediente surgió del análisis de las cuentas asociadas a una billetera virtual que estaban registradas a nombre de los dos imputados. Durante la audiencia, la Fiscalía informó que había identificado operaciones por una suma superior a los $43 millones, movimientos que estarían vinculados con la presunta actividad de comercialización de drogas.
El 4 de noviembre, los investigadores concretaron un segundo allanamiento en la vivienda particular de la pareja, ubicada en la ciudad de Neuquén. El operativo permitió ampliar el secuestro de elementos considerados relevantes para esclarecer el funcionamiento de la estructura.
En ese domicilio encontraron 252 gramos de cocaína distribuidos en distintas fracciones y 1,7 gramos de cannabis. También incautaron $140.000 en efectivo, cinco teléfonos celulares y tres balanzas digitales.
A ese material se sumaron diferentes elementos utilizados presuntamente para el corte y acondicionamiento de las sustancias. Además, los efectivos encontraron una réplica de arma de fuego que tenía su correspondiente cargador.
Prisión preventiva para el hombre y restricciones para la mujer
Durante la audiencia judicial, la fiscal Paula Yerfino solicitó que A.C.H.Q. permaneciera detenido bajo prisión preventiva durante cuatro meses. Para fundamentar el pedido, sostuvo que existían riesgos de que el acusado pudiera escapar o evitar someterse al proceso judicial. También advirtió sobre la posibilidad de que interfiriera en el desarrollo de la investigación.
En cuanto a B.A.J., el juez de garantías resolvió imponer medidas alternativas a la detención. La mujer deberá presentarse semanalmente en una dependencia policial y tendrá prohibido acercarse o establecer cualquier tipo de comunicación con las testigos que forman parte de la causa.
Asimismo, la resolución judicial le impide ingresar durante los próximos cuatro meses a la propiedad del barrio El Trébol que fue señalada como uno de los lugares utilizados para la presunta venta de estupefacientes.
Con estas disposiciones, la investigación continuará durante el plazo establecido por la Justicia. En ese período, la Fiscalía profundizará el análisis de los cinco teléfonos celulares secuestrados, revisará los movimientos financieros detectados en las billeteras virtuales y evaluará el resto de las pruebas incorporadas al expediente.
El objetivo será avanzar en la reconstrucción de las operaciones atribuidas a la pareja, determinar el alcance de la presunta organización y establecer la posible participación de otras personas antes de que finalicen los cuatro meses fijados para la investigación.
