Más de diez toneladas de metales no ferrosos fueron decomisadas durante un operativo de fiscalización realizado por la Municipalidad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. El procedimiento tuvo lugar en un depósito que funcionaba sin habilitación comercial, situado en la intersección de Estado de Israel y la Ruta Nacional 22.
Durante la inspección, las autoridades encontraron 24 bolsones que contenían distintos materiales metálicos, principalmente cobre. Sin embargo, quienes estaban a cargo del establecimiento no pudieron presentar documentación que permitiera acreditar el origen legal de los elementos almacenados.
Como consecuencia del procedimiento, el Municipio dispuso la clausura del establecimiento y aplicó multas millonarias a la firma responsable, una empresa que tiene origen en Mendoza. Además, todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia, según informaron las autoridades municipales.
Entre los elementos encontrados en el predio había cables quemados, conductores de alta tensión, griferías y otros objetos metálicos. La ausencia de documentación que respaldara la procedencia de esos productos fue uno de los principales puntos observados durante el control, que contó con la participación de efectivos de la Policía de Río Negro.
El operativo estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Fiscalización y de la Dirección de Comercio de Cipolletti. Según la información oficial, los inspectores comprobaron que en el lugar se desarrollaba una actividad comercial sin disponer de la correspondiente autorización municipal.
Las irregularidades detectadas también incluyeron incumplimientos de la Ley provincial 5669 y del Código de Habilitaciones Comerciales de Cipolletti. Frente a ese escenario, las autoridades resolvieron avanzar con el cierre del depósito y el decomiso de los materiales que se encontraban guardados en el establecimiento.
En cuanto a la cantidad de mercadería secuestrada, el volumen superó las diez toneladas. La mayor parte estaba compuesta por cobre, un metal utilizado habitualmente en instalaciones eléctricas, tendidos de cables y diferentes componentes de uso industrial. Los 24 bolsones identificados durante la inspección quedaron bajo resguardo judicial mientras continúa la investigación sobre su procedencia.
El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó el resultado del procedimiento y aseguró que la gestión municipal continuará profundizando las inspecciones sobre los comercios que se dedican a comprar, almacenar y vender metales.
“En Cipolletti estamos muy firmes contra la delincuencia y somos muy estrictos con los controles comerciales. Queremos saber quiénes están detrás de cada negocio, qué comercializan y que cumplan con las leyes provinciales y municipales. Acá la delincuencia no tiene lugar”, manifestó el jefe comunal a través de un comunicado difundido por el Municipio.
Las declaraciones de Buteler hicieron hincapié en la necesidad de conocer quiénes se encuentran detrás de cada establecimiento y verificar que las actividades comerciales se desarrollen dentro de las normas vigentes. La compra, el almacenamiento y la comercialización de metales están sujetos a requisitos específicos, entre ellos las habilitaciones correspondientes y la documentación que permita determinar el origen de los productos.
La intervención en el depósito también se enmarcó en una serie de controles que el Municipio viene desarrollando sobre establecimientos relacionados con la actividad metalúrgica y la compraventa de materiales no ferrosos. Según precisaron las autoridades locales, más de 20 comercios del rubro ya fueron inspeccionados en diferentes sectores de la ciudad.
Por su parte, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, vinculó estas medidas con la problemática de los robos de cables y las consecuencias que este tipo de delitos genera sobre los servicios públicos y la vida cotidiana de los vecinos.
“Detrás de cada metro de cable robado hay un barrio sin luz, un semáforo apagado o una familia sin servicio. Cuando cortamos la cadena de comercialización, desalentamos el robo. Vamos a seguir controlando y clausurando a quienes operen fuera de la ley”, expresó el funcionario, según la comunicación oficial.
Desde el área de Fiscalización señalaron así la importancia de intervenir sobre los circuitos comerciales que reciben y comercializan materiales sin documentación que permita demostrar su procedencia. La estrategia municipal apunta a reducir los espacios donde pueden ingresar productos vinculados con hechos delictivos y evitar que los robos encuentren canales para su posterior venta.
En ese contexto, la clausura del establecimiento y el decomiso de las más de diez toneladas de metales representaron las principales medidas adoptadas tras las infracciones constatadas durante el procedimiento.
Finalmente, el Municipio confirmó que los elementos secuestrados permanecieron bajo custodia judicial. La medida comprendió tanto el cobre como los demás objetos encontrados en el depósito, entre ellos los cables quemados, los conductores de alta tensión y las griferías cuya procedencia legal no pudo ser acreditada durante la inspección.
