Un hombre fue imputado en Bariloche, provincia de Río Negro, por una presunta defraudación vinculada con la administración del desarrollo inmobiliario Laderas del Carbón. El Ministerio Público Fiscal le atribuyó una serie de operaciones sobre un campo de 108 hectáreas que incluían la inscripción del inmueble a su nombre, transferencias a sociedades bajo su control, ventas y la constitución de hipotecas.
La acusación sostiene que el terreno había sido incorporado a un fideicomiso con el propósito de llevar adelante el proyecto inmobiliario. Sin embargo, el acuerdo establecía una condición para permitir operaciones de disposición sobre la propiedad: el pago completo de una cuota de USD 480.000 a quienes habían aportado las tierras. Según la hipótesis de la Fiscalía, esa obligación no se habría cumplido antes de que se realizaran los movimientos cuestionados.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal señaló que las operaciones habrían perjudicado los derechos de las personas que entregaron el campo para integrar el fideicomiso. El juez de Garantías Víctor Gangarrossa aceptó la formulación de cargos y dispuso la apertura de una investigación penal preparatoria por un período inicial de cuatro meses.
El fiscal Guillermo Lista explicó ante el tribunal que el acusado había recibido el inmueble, de 108 hectáreas, con la finalidad de desarrollar el emprendimiento inmobiliario. No obstante, de acuerdo con lo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, el contrato de fideicomiso contenía restricciones expresas para vender la totalidad o una parte del predio mientras permaneciera pendiente el pago de la cuota acordada con los aportantes.
Según la información publicada por el portal del Ministerio Público de Río Negro, la Fiscalía sostuvo que, pese a no haber cancelado ese compromiso económico, el hombre habría registrado inicialmente la propiedad a su nombre. Posteriormente, se habrían concretado transferencias del inmueble hacia distintas sociedades que también se encontraban bajo su administración.
La imputación contempló, además, operaciones de compraventa y la constitución de hipotecas a favor de terceros. Para la Fiscalía, esas decisiones comprometieron la posibilidad de que los aportantes originales recuperaran el terreno bajo las condiciones que habían establecido cuando se celebró el acuerdo fiduciario.
Como parte de los fundamentos para avanzar con la acusación, el fiscal detalló las pruebas incorporadas durante la primera etapa del expediente. Entre los elementos mencionados se encontraban los contratos relacionados con el fideicomiso, escrituras públicas, informes de dominio y documentación de origen municipal.
A ese material se sumaron registros de sociedades, cartas documento, intercambios de comunicaciones entre las partes y entrevistas. La documentación reunida permitiría reconstruir los distintos movimientos registrales y comerciales que tuvieron como objeto el campo situado en Bariloche.
Uno de los principales objetivos de la investigación será establecer con precisión el alcance de cada una de las transferencias, ventas e hipotecas señaladas durante la audiencia. También se deberá determinar si esas operaciones respetaron las condiciones establecidas en el contrato o si, como sostiene la acusación, se realizaron pese a las restricciones que pesaban sobre el inmueble.
La querella, que representa los intereses de los damnificados, respaldó el planteo de la Fiscalía y acompañó el pedido para habilitar formalmente la investigación penal. Asimismo, coincidió con el plazo de cuatro meses solicitado para avanzar con las medidas correspondientes y sostuvo que el acusado estaba al tanto de las obligaciones que había asumido mediante el contrato.
En ese contexto, el representante de los aportantes afirmó durante la audiencia que “el acusado conocía las limitaciones que regían sobre el inmueble y que el contrato exigía el pago completo de la cuota para habilitar las ventas”. De esta manera, la querella defendió la postura de quienes habían entregado el terreno y cuestionó las operaciones realizadas sin que, según su interpretación, se cumpliera previamente el compromiso económico.
Por su parte, la defensa particular rechazó la interpretación que hicieron la Fiscalía y la querella sobre las cláusulas contractuales relacionadas con el pago de los USD 480.000. Durante su intervención, cuestionó que la falta de cancelación de esa cuota impidiera realizar las operaciones sobre el inmueble en los términos planteados por las partes acusadoras.
Además, los abogados del imputado anticiparon que solicitarán pericias contables y que también podrían requerir estudios caligráficos sobre los documentos y comprobantes que forman parte del expediente. Esas medidas buscarán aportar elementos para discutir la interpretación de los acuerdos y la documentación presentada durante la audiencia.
El hombre también realizó una breve declaración ante el juez Gangarrossa, en la que expresó su desacuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía y la querella.
Finalmente, el magistrado dio por formulados los cargos contra el acusado como presunto autor del delito de defraudación por disposición fraudulenta de bienes fideicomitidos por parte del titular fiduciario. Además, le impuso la obligación de mantener el domicilio informado ante la Justicia y presentarse en todas las audiencias para las que sea convocado.
La investigación penal preparatoria tendrá un plazo inicial de cuatro meses. Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa podrán impulsar las medidas probatorias que consideren necesarias para esclarecer cómo se realizaron las operaciones sobre el campo de 108 hectáreas, cuál fue el destino de las transferencias y si se incumplieron las condiciones económicas y contractuales establecidas en el fideicomiso inmobiliario.
