Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años que integró la organización armada Brigadas Rojas, se fugó este martes del departamento de la Ciudad de Buenos Aires donde cumplía prisión domiciliaria. El hombre era buscado por la Justicia de su país, que lo condenó a 27 años de cárcel, y su entrega a las autoridades italianas se encontraba en preparación cuando consiguió escapar.
De acuerdo con fuentes judiciales, Bertulazzi utilizó un arnés para descender desde el balcón de su vivienda hasta un terreno baldío ubicado junto al edificio. La fuga fue descubierta durante el relevo de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que tenían a su cargo la custodia del inmueble.
El hombre permanecía alojado en un departamento del barrio porteño de San Telmo, donde cumplía arresto domiciliario bajo un dispositivo de vigilancia que contemplaba una tobillera electrónica y presencia policial. Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre la manera en que logró eludir el sistema de monitoreo que debía controlar sus movimientos.
Bertulazzi había recibido una condena de 27 años de prisión en Italia por su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa y por integrar una organización armada. Según indicaron fuentes relacionadas con la investigación, los organismos argentinos avanzaban con los preparativos para concretar su entrega a la Justicia italiana cuando se produjo el escape.
El exintegrante de las Brigadas Rojas había sido detenido en la Argentina el 29 de agosto de 2024, luego de perder el reconocimiento como refugiado político que había conseguido años antes. Después de ese procedimiento, quedó bajo arresto domiciliario mientras continuaba el trámite de extradición solicitado por Italia.
Hasta que se produjo aquella detención, Bertulazzi había desarrollado buena parte de su vida en el país con documentación argentina. Tenía DNI, había declarado un domicilio en San Telmo y también figuraba inscripto ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde estaba registrado para realizar actividades comerciales.
En el operativo que permitió capturarlo en agosto de 2024 participaron integrantes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol y del Departamento de Investigaciones Antiterroristas de la Policía Federal Argentina.
Durante la década de 1970, Bertulazzi formó parte de la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que tuvo una participación central en distintos episodios de violencia política en Italia. El grupo protagonizó atentados, secuestros y asesinatos durante aquellos años.
Uno de los hechos por los que recibió una condena fue el secuestro del ingeniero naval Pietro Costa, ocurrido el 12 de enero de 1977. La víctima pertenecía a una familia relacionada con la industria de los astilleros y permaneció cautiva hasta fines de marzo de ese año, cuando recuperó la libertad después del pago de un rescate.
Una parte del dinero obtenido mediante ese secuestro habría sido destinada por las Brigadas Rojas a comprar un departamento en Roma. Ese inmueble fue utilizado un año después como lugar de cautiverio del exprimer ministro italiano Aldo Moro, quien fue secuestrado y asesinado en 1978. Sin embargo, Bertulazzi no tuvo participación en ese episodio, debido a que para entonces se encontraba detenido.
La pena de 27 años de prisión que pesa sobre el italiano surgió de dos condenas dictadas en ausencia por tribunales de su país. La primera fue establecida en 1985 por el Tribunal de Apelación de Milán, que le impuso 19 años de cárcel. La segunda correspondió a la Corte de Apelación de Génova, que lo sentenció a 15 años. Posteriormente, ambas penas fueron unificadas.
La historia de Bertulazzi en Argentina comenzó en 2002, cuando ingresó al país. Un año después fue detenido por primera vez, aunque recuperó la libertad tras permanecer ocho meses bajo custodia. En ese momento, la legislación argentina no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia, circunstancia que impidió avanzar con su entrega a Italia.
En 2004 consiguió el reconocimiento como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en territorio argentino durante varios años sin ser extraditado. Esa protección se mantuvo vigente hasta 2024, cuando fue revocada y abrió nuevamente el camino para que las autoridades italianas impulsaran el procedimiento judicial destinado a lograr su traslado.
La fuga de este martes volvió a poner el caso en el centro de la atención judicial y abrió interrogantes sobre las condiciones de seguridad del arresto domiciliario que cumplía el exintegrante de las Brigadas Rojas. El hombre escapó pese a contar con vigilancia policial permanente y un dispositivo electrónico de control, mientras se preparaba su extradición para que cumpliera en Italia la condena impuesta por su participación en delitos vinculados con la organización armada.
