El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py intimó este martes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los ocho condenados por la causa “Vialidad” a pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso. Se trata de la cifra actualizada por los peritos oficiales sobre el daño comprobado al Estado a raíz de maniobras fraudulentas durante la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Fuentes judiciales indicaron que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu establecieron un plazo de 10 días hábiles para cumplir con la intimación. Ese período vencerá el 13 de agosto a las 9:30, ya que las dos próximas semanas coinciden con la feria judicial, por lo que no se computan como días hábiles. Para efectuar el pago, se habilitó una cuenta judicial especial en el Banco Nación. En caso de incumplimiento, los bienes registrados a nombre de los condenados serán rematados.
El monto de 684 mil millones de pesos no se reparte proporcionalmente entre los acusados, ya que la obligación de pago es solidaria. Esto implica que entre ellos deben definir el aporte de cada uno bajo el mecanismo que consideren adecuado. La cifra equivale a unos 537 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Se espera que algunos de los involucrados apelen la decisión judicial.
En el caso de Cristina Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola aportaron una lista de bienes registrados a su nombre, entre los que figuran una caja de seguridad con 4,5 millones de dólares —perteneciente a su hija Florencia Kirchner—, otra caja con un millón de dólares, propiedades en Santa Cruz y en la Ciudad de Buenos Aires, y activos de sus empresas, como Los Sauces. Uno de los inmuebles de esa firma es el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria por esta causa. Todos esos bienes se encuentran embargados y están sujetos a remate para recuperar el dinero.
En la resolución, el tribunal fundamentó el decomiso como una “determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. La causa determinó que entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se cometieron irregularidades en las adjudicaciones de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
El monto actualizado fue calculado por peritos oficiales de la Corte Suprema. Partieron del valor fijado en diciembre de 2022, al momento del veredicto: 85 mil millones de pesos. La actualización se realizó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. En contraste, el perito oficial de Cristina Kirchner estimó que el decomiso debía ser de 42 mil millones de pesos, un 6% del cálculo oficial, usando como referencia la tasa pasiva promedio del Banco Central para actualizar los valores.
Sin embargo, el tribunal avaló el cálculo de los peritos de la Corte. “Las razones brindadas por la experta contable se aprecian sólidas y debidamente justificadas”, afirmaron los jueces, destacando que ningún otro perito cuestionó la metodología utilizada. También subrayaron que el IPC del INDEC fue el índice usado en toda la causa y desestimaron el informe presentado por el contador de Cristina Kirchner por partir de un valor de referencia distinto al utilizado por los demás expertos.
Además de la ex presidenta, deberán afrontar el pago de los $684 mil millones el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad en Santa Cruz. Todos ellos se encuentran detenidos, excepto Cristina Kirchner y Periotti, quienes cumplen prisión domiciliaria.
