El Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán resolvió procesar sin prisión preventiva a un abogado acusado de haber pedido hasta 100.000 dólares a cambio de hacer valer presuntas influencias sobre un integrante de la Cámara Federal de Apelaciones con el objetivo de favorecer la situación procesal de un imputado en una causa penal que se tramitaba en la Justicia Federal de Catamarca.
La medida fue adoptada en consonancia con el planteo realizado por el titular de la Fiscalía Federal N.º 2 de Tucumán, Agustín Chit, quien llevó adelante la investigación junto con la auxiliar fiscal Julia Vitar.
En ese marco, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso el procesamiento del letrado por los delitos de tráfico de influencias agravado en dos oportunidades, en concurso real con violación de medios de prueba. Esta última acusación se vincula con la presunta eliminación de aplicaciones de mensajería de su teléfono celular mientras se desarrollaba un procedimiento de requisa.
Además, el magistrado ordenó un embargo por 100 millones de pesos sobre los bienes del acusado e impuso distintas medidas de coerción destinadas a garantizar su sometimiento al proceso judicial.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por un funcionario de la Dirección Regional Tucumán de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según declaró, en marzo de 2023 fue contactado por el abogado, quien durante una reunión le habría solicitado 100.000 dólares para gestionar el sobreseimiento de su hijo en una causa penal radicada en el Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca.
En ese expediente se investigan presuntas maniobras de intermediación financiera no autorizada atribuidas a los responsables de una firma de inversiones.
De acuerdo con la denuncia, el contacto entre ambos volvió a producirse dos años más tarde, en abril de 2025, mediante mensajes de WhatsApp. En esta segunda oportunidad, el abogado habría citado al denunciante en la localidad de Yerba Buena. Allí, dentro de un vehículo, le habría pedido 80.000 dólares con la promesa de revertir una eventual orden de prisión preventiva que pesaba sobre el hijo del funcionario.
La causa también incorporó pruebas tecnológicas que respaldaron el relato de la víctima. Según se informó, ambos encuentros quedaron registrados a través de la geolocalización del teléfono celular del imputado, elemento que permitió corroborar los dichos del denunciante y fortalecer la acusación en su contra.
