El Senado de la Nación convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil impulsado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la aprobación como un logro propio. El punto central de la norma es la reducción de la edad de imputabilidad en el sistema penal argentino, que ahora se fija en 14 años.
La votación se definió con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados y, tras este paso, solo resta su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
Durante el debate, Bullrich defendió con firmeza la iniciativa. “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, expresó al iniciar su intervención.
Luego profundizó su postura: “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”.
En el tramo final de su discurso sostuvo: “Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”.
Tras su exposición, pidió un minuto de silencio por las víctimas e instó a que todo el bloque se pusiera de pie. Desde el peronismo observaron la escena y Victoria Villarruel aclaró que no le correspondía definir ese tipo de homenajes. Finalmente, todos los senadores se levantaron y se realizó el minuto de silencio.
Críticas del peronismo y debate por el presupuesto
El peronismo manifestó su rechazo desde el inicio del tratamiento. Además de sostener que la ley pone el foco en el castigo por sobre la protección de las infancias, cuestionó que los recursos previstos resultan insuficientes.
La norma contempla una partida de $23.700 millones para las provincias en el marco de un sistema que reduce la edad punible de 16 a 14 años. Según datos del Servicio Penitenciario Federal, el costo del metro cuadrado de construcción asciende a 3,2 millones de pesos. Con ese presupuesto podrían edificarse 7.400 metros cuadrados, lo que dividido entre los 24 distritos implica apenas 308 metros cuadrados por provincia.
Frente a ese escenario, el senador Jorge Capitanich advirtió: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.
Desde el oficialismo celebraron la sanción y respondieron a los cuestionamientos. El senador Luis Juez fue uno de los más enfáticos al acusar al peronismo de “mentiroso” y sostuvo que “solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el legislador cordobés que actualmente integra La Libertad Avanza.
La senadora Lucía Corpacci también intervino para expresar la postura opositora. El bloque estaba molesto porque había acordado con el oficialismo no habilitar la presencia de familiares en las gradas, pero finalmente se permitió el ingreso de varios que ocuparon los palcos del primer piso.
“Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, afirmó.
Por su parte, Gerardo Zamora recorrió distintos artículos del proyecto para fundamentar su rechazo por inconstitucionalidad. El ex gobernador de Santiago del Estero alertó que la norma generará “litigiosidad” y remarcó: “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.
El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien aseguró: “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Qué establece la nueva ley
La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con el propósito de garantizar procesos judiciales adecuados a su edad. El texto incorpora la presunción favorable a la minoría de edad y dispone que los menores no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El régimen incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de la libertad, y coloca el eje en la resocialización. Establece garantías desde el inicio del proceso, tramitación ante órganos y centros especializados, intervención judicial rápida y el derecho de los adolescentes a ser escuchados, así como la participación activa de sus familias.
El capítulo referido a las víctimas les otorga un rol central en el proceso. Se garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias, oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal y participar en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
En cuanto al sistema de sanciones, se prevé un esquema progresivo que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación. La privación de libertad quedará reservada para delitos graves, con límites temporales estrictos y separación permanente respecto de los adultos.
Durante la etapa de ejecución, se incorpora la figura de un supervisor judicial especializado encargado de acompañar y monitorear la reinserción. La libertad condicional solo podrá otorgarse con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se contemplan abordajes específicos para situaciones de salud mental y consumo problemático mediante equipos interdisciplinarios.
El proyecto fija estándares de alojamiento que prohíben la convivencia con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y asistencia espiritual. Además, dispone diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, junto con capacitación obligatoria del personal.
En los casos de menores inimputables, se establece la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o de protección en el ámbito de la justicia civil. Por último, la ley determina la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
