En una extensa y tensa sesión, el Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes una versión modificada del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa, que ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, llegó al recinto después de varias modificaciones y sufrió un nuevo revés cuando el oficialismo decidió retirar el capítulo destinado a reformar la Ley de Manejo del Fuego.
La sesión se desarrolló mientras Javier Milei se encuentra de viaje en el exterior y Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, la reunión del Senado fue encabezada por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.
El oficialismo, conducido en el Senado por Patricia Bullrich, ya había tenido que retirar anteriormente el apartado referido a la venta de tierras a extranjeros. Esta vez, antes de la votación en general, también debió dar marcha atrás con las modificaciones vinculadas al manejo del fuego.
Como consecuencia, seguirán vigentes las disposiciones actuales que establecen restricciones sobre terrenos afectados por incendios durante períodos de 30 y 60 años, dependiendo de las circunstancias. Se trata de una normativa que había sido impulsada años atrás durante el gobierno de Cristina Kirchner y que tuvo entre sus principales impulsores a Máximo Kirchner.
El retiro de ese capítulo fue celebrado por los sectores opositores dentro del recinto, que incluso rompieron con una práctica habitual del Senado al aplaudir y abrazarse una vez confirmado el resultado.
Del proyecto aprobado finalmente quedaron modificaciones relacionadas principalmente con las condiciones para disponer expropiaciones por parte del Estado, además de un mecanismo de desalojos más rápidos en casos de usurpación y procedimientos abreviados frente a situaciones de falta de pago.
Una discusión previa por la participación virtual de dos senadores
Antes de comenzar el debate sobre la ley de propiedad privada, se produjo otro episodio de tensión. Una coincidencia entre el oficialismo, sectores dialoguistas y el kirchnerismo terminó dejando sin efecto, en menos de un minuto, las recientes decisiones impulsadas por Victoria Villarruel para que el Senado analizara la posibilidad de habilitar la participación virtual de dos legisladores.
Los casos correspondían a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al radical Flavio Fama, quienes habían planteado justificativos médicos para participar de manera remota.
La explicación tuvo dos aspectos. Por un lado, como el capítulo relacionado con la venta de tierras a extranjeros ya había sido retirado, la presencia de la senadora mendocina y del legislador catamarqueño no resultaba determinante para rechazar esa parte de la propuesta oficialista.
El caso de Fama llamó especialmente la atención porque en mayo había firmado el dictamen de mayoría que respaldaba la iniciativa. Una vez más, el Senado terminó ofreciendo una escena inesperada.
Pero el segundo aspecto tuvo mayor peso institucional. Los legisladores consideraron que habilitar la discusión sin un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales podía generar un antecedente para modificar las reglas internas del Senado sin cumplir con la mayoría especial de dos tercios requerida.
Según el razonamiento que terminó unificando a distintas bancadas, permitir ese mecanismo podía abrir la puerta a futuras alteraciones del quórum y de los procedimientos de votación. Después de mucho tiempo, oficialismo y oposición coincidieron para evitar esa situación.
Mayans intentó devolver el proyecto a comisión
Una vez superada esa discusión y ya iniciado el tratamiento del proyecto, el jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans, presentó una moción para que la iniciativa regresara a comisión.
La propuesta fue rechazada por 38 votos contra 31, con el acompañamiento del oficialismo y sus aliados. El resultado también permitió observar que existían apoyos suficientes para avanzar con parte del articulado.
Sin embargo, varias horas después apareció uno de los principales problemas para el Gobierno: el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego.
Qué se discutió durante la sesión
El encargado de presentar el proyecto ante el recinto fue el senador oficialista Agustín Coto, de Tierra del Fuego, quien además preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Coto había estado ausente en mayo, cuando La Libertad Avanza firmó el dictamen de mayoría debido a un viaje al exterior. Posteriormente, el proyecto atravesó al menos 18 nuevas versiones antes de llegar a la sesión.
Respecto de los desalojos, el legislador defendió el mecanismo propuesto y sostuvo que existen provincias donde se aplican procedimientos similares.
En cuanto al Manejo del Fuego, Coto señaló que la reforma podía aumentar de manera considerable las penas para quienes provoquen incendios de manera intencional. Sin embargo, cuestionó la permanencia de restricciones sobre los terrenos durante períodos de entre 30 y 60 años, al considerar que ese plazo puede representar prácticamente toda una vida.
Desde el peronismo, el senador pampeano Pablo Bensusán cuestionó el proyecto y advirtió que, más allá de la eliminación del capítulo referido a las tierras en manos de extranjeros, el resto de las modificaciones involucraba recursos naturales estratégicos del país.
José Mayans también cuestionó la forma en que se presentó el proyecto. Señaló que los senadores recibieron apenas una hora antes de la sesión un archivo sin membrete ni firma y con numerosas modificaciones.
El legislador formoseño sostuvo además que esos cambios habían sido introducidos desde mayo sin ser debatidos públicamente en las comisiones, que es el ámbito correspondiente para discutir este tipo de modificaciones.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad acompañó los cambios relacionados con las expropiaciones y los desalojos, aunque manifestó un fuerte rechazo al capítulo del Manejo del Fuego.
Abad recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y sostuvo que la jurisprudencia argentina consolidó el principio de no regresión ambiental.
Según el senador bonaerense, una modificación de estas características podía terminar judicializada y generar justamente el efecto contrario al que busca el Gobierno: reducir la previsibilidad.
Críticas de la oposición a Bullrich
Durante el debate, el peronismo volvió a cuestionar a Patricia Bullrich por los cambios que había realizado días antes sobre el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros.
La senadora riojana Florencia López calificó al Gobierno como “chapucero” y “desorganizado”, y lo acusó de improvisar y de actuar bajo la lógica de “si pasa, pasa”.
López también cuestionó que el oficialismo modificara los temas a tratar cuando advertía que no contaba con los votos suficientes para avanzar.
En el tramo final de la sesión, la senadora chubutense Edith Terenzi anticipó que se abstendría en el apartado relacionado con los desalojos y que no acompañaría las modificaciones sobre el Manejo del Fuego.
Para ese momento eran cerca de las 23, aunque las primeras versiones sobre las dificultades del capítulo habían comenzado a circular entre las 19 y las 20.
Con el correr de las horas, el apartado quedó cada vez más cerca de ser retirado. Después de las 23.30, varios de los senadores con mayor experiencia ya daban prácticamente por descartada su aprobación y buena parte de la atención se concentró en ese punto.
La ley fue aprobada por 37 votos contra 33
Finalmente, el proyecto, ya recortado y sin los capítulos que el oficialismo había tenido que retirar, fue aprobado en general por 37 votos a favor y 33 en contra.
Con el resultado prácticamente definido, el bloque de Convicción Federal decidió sumarse al rechazo opositor. José Mayans volvió a cuestionar el proyecto y lo calificó de “profundamente inconstitucional” y de haber sido tratado de manera “vergonzosa” en comisión.
Patricia Bullrich fue la encargada de cerrar el debate oficialista. Dos horas antes había publicado en la red social X un video en el que se refería específicamente a los desalojos, una señal que para varios legisladores anticipaba las prioridades que finalmente quedaron en pie.
La exministra de Seguridad de Milei defendió la iniciativa y sostuvo que parecía que la propiedad privada se había convertido en una “mala palabra”.
Bullrich cuestionó a quienes, según planteó, no reaccionan cuando se toma un territorio o cuando una familia que construyó su vivienda pierde su propiedad.
También mencionó el caso de los barrios populares y sostuvo que cuando organizaciones vinculadas al narcotráfico se quedan con viviendas, debe existir una respuesta del Estado.
Para la dirigente libertaria, garantizar la propiedad privada significa brindar certezas a los ciudadanos.
Bullrich también acusó al peronismo de haber convertido la Constitución en “un papel muerto” y mencionó distintos casos de dirigentes de movimientos sociales que enfrentan causas judiciales en diferentes lugares del país.
Además, afirmó que el tiempo promedio para recibir una indemnización luego de una expropiación alcanza, según sus palabras, los 18 años.
En su discurso también hizo referencia a la expropiación de YPF, a la que calificó como “la mayor estafa”, y cuestionó la presencia de una base china en Neuquén que, según señaló, fue impulsada durante el kirchnerismo y representa una pérdida de soberanía para Argentina.
Los principales puntos del proyecto aprobado
Expropiaciones
Entre los aspectos que permanecieron dentro del proyecto se encuentran las modificaciones sobre las expropiaciones.
El texto apunta a establecer nuevas condiciones para considerar determinados bienes como convenientes o necesarios para satisfacer una finalidad de utilidad pública, independientemente de que pertenezcan al dominio público o privado y de su naturaleza jurídica.
La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y tendrá que establecer de forma específica y concreta cuál es el objetivo perseguido. Además, la expropiación deberá resultar adecuada, necesaria y proporcional para alcanzar esa finalidad.
Respecto de la indemnización, el proyecto establece que deberá contemplar el valor objetivo del bien, tomando como referencia el valor de mercado cuando este pueda determinarse, junto con los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
No se considerarían, en cambio, circunstancias personales, valores afectivos, ganancias hipotéticas ni un eventual incremento del valor generado por el proyecto que motive la expropiación.
El texto también contempla el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación y pueda ser demostrado mediante pruebas objetivas, concretas y suficientes, siempre que no exista una duplicación de conceptos indemnizatorios.
En estos casos, el lucro cesante no podrá superar el equivalente al 30% del daño emergente, salvo que la persona afectada pueda acreditar de manera fehaciente que el perjuicio fue superior.
Otro punto establece que podrán acceder a los beneficios de la ley aquellas personas que acrediten una posesión pacífica, pública y continua durante al menos diez años antes de solicitar el régimen.
La disposición alcanza a inmuebles urbanos edificados destinados principalmente a vivienda única y permanente, siempre que exista una causa lícita y se cumplan las condiciones establecidas por la reglamentación y por la autoridad de aplicación local.
Desalojos
El proyecto también establece un procedimiento específico para los casos de falta de pago de alquileres cuando el inmueble tenga destino habitacional.
Antes de iniciar una demanda de desalojo, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino para que abone la suma adeudada. El plazo otorgado no podrá ser inferior a diez días corridos desde la recepción de la intimación y deberá especificarse el lugar donde se realizará el pago.
La notificación podrá enviarse al domicilio declarado por el inquilino en el contrato, ya sea físico o electrónico.
La comunicación será considerada válida incluso si el locatario se niega a recibirla o si no puede concretarse por causas que le sean atribuibles.
Una vez vencido el plazo establecido o producida la finalización del contrato de alquiler por cualquier motivo, el inquilino deberá devolver la tenencia del inmueble.
Si esto no ocurre, el propietario podrá iniciar una acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse mediante el procedimiento más rápido disponible en la legislación.
Finalmente, el proyecto establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves del inmueble ni condicionar su recepción, aunque podrá mantener las acciones correspondientes para reclamar las obligaciones que todavía se encuentren pendientes.
