La salida de María Inés Rodríguez Aguilar de la dirección del Museo Histórico Nacional se confirmó este martes, luego de que se publicara el decreto presidencial que dispone el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.
La determinación, oficializada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti, ubicó a una de las reliquias más emblemáticas de la independencia argentina en el centro de una discusión institucional y política que excede el ámbito de los museos.
El Decreto 81/2026, difundido este martes, establece que el arma histórica dejará de exhibirse en el Museo Histórico Nacional para pasar al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, situado en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires. El texto subraya que esa unidad, creada por el propio Libertador, asumirá la responsabilidad sobre la conservación, la seguridad y la integridad del objeto, de acuerdo con los protocolos vigentes.
El sable corvo de San Martín se encontraba en exhibición en el Museo Histórico Nacional, donde había sido trasladado para su muestra permanente. Rodríguez Aguilar había asumido la conducción de la institución en agosto de 2025, cuando se le comunicó la salida al entonces director Gabriel Di Meglio.
La nueva disposición deja sin efecto el Decreto 843/2015, que había llevado el sable al museo para su exposición, aunque la custodia formal continuaba bajo órbita militar.
Desde el Gobierno argumentaron que el regreso del sable a la unidad militar implica “restituir su contexto histórico propio” y asegurar condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional.
La polémica se intensificó en los últimos días, sobre todo después de confirmarse que la entrega oficial del sable se realizará este sábado en el parque histórico Campo de Gloria, en San Lorenzo, Santa Fe, un sitio simbólico en la gesta independentista. El decreto recuerda además que la pieza fue entregada al Estado Nacional en 1897, integrándose desde entonces al patrimonio público argentino para garantizar su conservación.
En los considerandos también se menciona que el sable fue robado en 1963 y 1965 mientras estaba en el museo, un antecedente que, según la visión oficial, impulsó la adopción de medidas de resguardo más estrictas. En 1967, el Decreto 8756 ya había dispuesto que la guarda definitiva correspondiera a los Granaderos.
La normativa más reciente enmarca la decisión en la obligación del Estado de reforzar la protección de símbolos fundacionales. Según expresó el Ejecutivo, la medida apunta a honrar la historia nacional, asegurar una gestión responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de estos emblemas, la soberanía, la independencia y la libertad como pilares del orden republicano.
