Leandro David “Lelo” Pérez, quien mantuvo una relación sentimental con la vedette Vicky Xipolitakis, fue procesado en el marco de una investigación por lavado de activos de origen delictivo vinculado al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Rosario N°3, que procesó a Pérez por el delito de lavado de activos. En el expediente también quedaron involucrados su hijo Agustín, su socio Marcelo Malatesta y el ex policía Maximiliano Novillo.
Pérez había sido detenido el 30 de julio en su vivienda ubicada en la Torre Aqualina, en el barrio Martín, y posteriormente recuperó la libertad el 12 de agosto, luego de prestar declaración indagatoria.
La relación con Vicky Xipolitakis
Antes de quedar involucrado en la investigación judicial, Pérez había mantenido durante varios meses una relación con Vicky Xipolitakis. El vínculo entre ambos terminó de manera abrupta.
La causa que derivó en su procesamiento había comenzado el 3 de octubre de 2024, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) dispuso la elaboración de un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario.
Entre los investigados se encontraban tres personas relacionadas con la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales.
El estudio contable y financiero permitió advertir diferencias entre los bienes declarados, la capacidad económica de los sospechosos y las operaciones comerciales que figuraban registradas. Esas inconsistencias llevaron a los investigadores a profundizar las averiguaciones.
A partir de ese análisis patrimonial, junto con el relevamiento de propiedades, la documentación incorporada al expediente y las intervenciones telefónicas que habían sido autorizadas judicialmente, los investigadores lograron reconstruir el circuito financiero que habría utilizado la organización.
Según la investigación, la maniobra consistía en introducir nuevamente en la economía formal dinero que presuntamente provenía del narcotráfico. Para conseguirlo, los fondos eran destinados a distintas actividades comerciales, entre ellas agencias de venta de automotores, empresas constructoras, compañías metalúrgicas y otros emprendimientos.
El objetivo de esas operaciones habría sido darle una apariencia legal a fondos cuyo origen se encontraba vinculado con actividades ilícitas, según la hipótesis sostenida en la causa.
