El fiscal de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, Federico Iuspa, pidió la elevación a juicio parcial de la causa contra siete personas acusadas de integrar o liderar una banda dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas. Además, solicitó que los dos presuntos jefes también enfrenten un juicio por la presunta instigación al suicidio de un soldado ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y detalla que la organización habría funcionado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.
En esta etapa, la acusación incluye tres hechos de extorsión, aunque se trata de un pedido parcial ya que la investigación continúa abierta por otros episodios.
Según la fiscalía, los presuntos líderes serían T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, quienes habrían operado desde la Unidad N°36 del penal de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. También se menciona a K.M.S.P., de 28 años, luego trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, y a sus parejas y colaboradoras I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., quienes habrían cumplido roles logísticos desde el exterior.
De acuerdo con la investigación, las mujeres habrían sido claves para el funcionamiento de la organización, ya que facilitaban cuentas de billeteras virtuales propias o de terceros para canalizar el dinero obtenido en las extorsiones, además de aportar chips telefónicos usados por los internos para realizar llamadas desde las unidades penitenciarias.
El fiscal Iuspa pidió que T.M.F. y M.J.D.A. sean enviados a juicio como jefes de una asociación ilícita agravada y coautores de tres hechos de extorsión. A su vez, también les imputa la presunta instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta de Olivos, un delito que contempla penas de 1 a 4 años de prisión.
En tanto, para K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., la fiscalía solicitó que sean juzgados como integrantes de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión.
Finalmente, la acusación sostiene que los tres internos mencionados actuaban como “compañeros de encierro”, coordinados con sus parejas y colaboradores externos, a quienes utilizaban para recibir y mover el dinero proveniente de las maniobras extorsivas.
