Una galería y al menos diez locales fueron clausurados este miércoles durante un operativo realizado en el barrio porteño de Once contra el circuito de comercialización de celulares robados. Durante los procedimientos también fueron secuestrados 75 teléfonos móviles, además de herramientas y repuestos que no contaban con la documentación correspondiente.
El despliegue se llevó adelante luego del decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que estableció nuevas medidas para reforzar los controles sobre los comercios dedicados a la compraventa y reparación de teléfonos usados.
Los operativos fueron realizados de manera conjunta por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad. Las inspecciones alcanzaron locales ubicados sobre Corrientes al 2100, Junín al 3003, la Galería “La Juanita”, situada en Avenida Pueyrredón 9, la Galería “La Internacional”, de Corrientes 2330, y la galería comercial “La Recova”, en la intersección de Azcuénaga y Pueyrredón.
El área de Once fue incluida entre las denominadas “Zonas de Alta Criticidad” contempladas en el decreto. Se trata de sectores donde se concentra una importante cantidad de comercios vinculados con la reparación y reventa de celulares usados y donde se detectaron establecimientos que no podían acreditar el origen de los equipos ofrecidos.
Durante los procedimientos, la Policía de la Ciudad secuestró distintos teléfonos y elementos utilizados para la reparación de dispositivos.
“Reventamos 10 cuevas de celulares robados en Once. Reitero por si a estos mafiosos no les quedó claro: o dejan de vender celulares robados o no vamos a dejar ni un local en pie. Ley y orden”, expresó Jorge Macri al referirse al operativo.
Qué encontraron en la galería La Recova
En la galería “La Recova”, ubicada en Pueyrredón y Azcuénaga, las autoridades clausuraron el local 47. Allí fueron encontrados 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura.
Entre los teléfonos recuperados había un iPhone, un Motorola G42 y un Samsung. De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, los dispositivos contaban con denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Uno de los casos se produjo mientras el operativo estaba en marcha. Una clienta ingresó al establecimiento para solicitar la reparación de un teléfono y, durante la inspección, se determinó que el aparato tenía una denuncia por robo.
A raíz de esa situación, la Justicia dispuso la imputación de la mujer y del encargado del local, un ciudadano peruano de 44 años. El episodio quedó incorporado a la investigación y permitió exponer parte del circuito mediante el cual equipos y repuestos de procedencia ilícita podían volver al mercado.
Finalmente, la galería dedicada a la compraventa de celulares fue clausurada. Desde el Gobierno porteño señalaron que la medida se inscribió en una política orientada a reforzar el cumplimiento de la ley y el control sobre este tipo de actividades, en el marco de una gestión que destacó la reducción de los delitos contra la propiedad y de los homicidios en la Ciudad.
El decreto firmado por Jorge Macri
El martes, Jorge Macri había firmado un decreto destinado a reforzar los controles sobre la comercialización y reparación de celulares usados y a impedir que dispositivos robados ingresaran nuevamente al circuito comercial.
Entre las principales novedades se estableció la creación de un registro de trazabilidad para las actividades relacionadas con la reparación y comercialización de teléfonos usados. Además, se declaró de manera transitoria la emergencia de la actividad y se dispuso una intensificación de las tareas de control y fiscalización.
La normativa también contempló la suspensión de determinadas habilitaciones para desarrollar estas actividades en puntos de la Ciudad considerados como “Zonas de Alta Criticidad”.
Las principales medidas del decreto
- Se declaró por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en toda la Ciudad.
- Se reforzaron las tareas de fiscalización y control mientras avanzaba la implementación de las nuevas medidas de registro y supervisión contempladas en el decreto 295/26.
- Durante ese período, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarían medidas extraordinarias para regular la actividad y realizarían operativos coordinados en comercios y lugares que presentaran mayores indicadores de riesgo.
- La AGC llevaría adelante procedimientos extraordinarios para comprobar la procedencia legítima de los celulares, partes y repuestos. Los comercios que no pudieran acreditar su origen serían clausurados. A su vez, los responsables de los locales tendrían que demostrar que los equipos ofrecidos para la venta o reparación habían sido adquiridos de manera legal.
- Se establecieron las denominadas “Zonas de Alta Criticidad”, determinadas a partir de la concentración territorial de delitos e infracciones relacionados con esta actividad, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, cantidad de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.
- Las primeras zonas señaladas para la intervención fueron Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.
- Mientras permaneciera vigente la emergencia, en esas zonas quedarían suspendidos el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica, las transferencias y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a la compraventa o reparación de celulares usados.
