El juez federal de Mar del Plata Alfredo López fue destituido este martes por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura. El magistrado había sido acusado de antisemitismo y discriminación a raíz de distintos mensajes que había publicado en la red social X.
El organismo encargado de evaluar su conducta concluyó que López había incurrido en la causal de mal desempeño y determinó que debía dejar la magistratura.
Durante el proceso, López había rechazado las acusaciones y había denunciado una supuesta “persecución ideológica” en su contra. Además, había planteado que sus publicaciones estaban amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, el jury, conformado por jueces, abogados, diputados y senadores, consideró que su comportamiento había configurado un caso de mal desempeño.
Para el Jurado de Enjuiciamiento, las publicaciones cuestionadas no habían constituido simples “exabruptos aislados”, sino que habían representado una sucesión de expresiones agraviantes dirigidas contra una comunidad determinada. Por ese motivo, entendió que se había producido una falta ética de gravedad.
El organismo también había considerado que los mensajes difundidos por el juez en X habían promovido “violencia simbólica” y habían planteado una intención de “sometimiento y discriminación” hacia la comunidad judía.
En ese sentido, el jury había dejado en claro que la destitución no se había producido por las opiniones personales de López, sino por la forma en que había utilizado públicamente su investidura. Según la resolución, su comportamiento había resultado incompatible con los principios de imparcialidad, decoro y confianza pública que se exigían a un magistrado.
Quiénes integraron el Jurado de Enjuiciamiento
El Jurado de Enjuiciamiento había estado integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero, integrante del Tribunal Oral Criminal 25 de la Ciudad de Buenos Aires, y Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín.
También habían formado parte del cuerpo la abogada Ana Fernández; los diputados Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, y Christian Zulli, de Unión por la Patria; y las senadoras María Monte de Oca, de La Libertad Avanza, y María Florencia López, de Unión por la Patria.
El proceso había avanzado luego del dictamen de la Comisión de Acusación. En ese momento, López había presentado su renuncia, aunque el Poder Ejecutivo no había aceptado esa dimisión.
Posteriormente, el Plenario del Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del propio Consejo, Horacio Rosatti, había votado el envío del expediente al Jurado de Enjuiciamiento.
Las publicaciones que habían motivado la acusación
López había sido acusado por el contenido de 15 mensajes publicados en la red social X. Las denuncias habían sido presentadas durante el año anterior por Gabriel Camiser, abogado apoderado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, integrantes de la Fundación Apolo.
Las presentaciones habían tomado como base distintas publicaciones y republicaciones realizadas desde la cuenta @JuezLopezMDP. Los denunciantes habían señalado la existencia de un supuesto “patrón de hostilidad hacia los judíos, el sionismo e Israel”.
Durante el jury, los acusadores que habían intervenido en representación del Consejo de la Magistratura, el senador Luis Juez y el abogado Alberto Maques, habían mostrado parte de los mensajes que habían sustentado el dictamen. En total, la acusación había mencionado 40 tuits.
Entre las publicaciones expuestas había aparecido una encuesta impulsada por López que preguntaba “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”. También se había incluido un pedido de retuits contra la denominada “judiada (sic) interna y externa” y una invitación a responder a “estos fariseos”, en referencia al Foro Argentino contra el Antisemitismo.
La acusación también había exhibido una respuesta que López había dirigido a un usuario en la que había escrito: “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.
Otro de los mensajes cuestionados había incluido una fotografía del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, durante un acto. Junto con la imagen, López había planteado una pregunta relacionada con una eventual ampliación de la Corte Suprema: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.
Qué había planteado la defensa de Alfredo López
La defensa del magistrado había sostenido que no habían existido “actos discriminatorios contra la comunidad judía”. También había cuestionado que las organizaciones denunciantes se hubieran “arrogado” la facultad de cuestionar a un juez de la Nación como si lo hicieran en representación de toda una colectividad.
Los abogados de López también habían criticado lo que habían definido como una “teatralización” de la acusación. Por otra parte, el propio magistrado había sostenido que no podían atribuirle las respuestas realizadas por terceras personas en las publicaciones.
Como parte de sus argumentos, la defensa había citado un fallo que había resultado favorable al presidente Javier Milei en una demanda iniciada por la madre de Ian Moche, un joven influencer con autismo, a raíz de publicaciones realizadas en X. Según había planteado López, esa sentencia había establecido que los republicados no implicaban necesariamente una coautoría.
En su descargo, el juez también había argumentado que un juicio político no podía sancionar “opiniones personales”. Había remarcado que sus publicaciones no habían derivado en una denuncia penal ni en una demanda civil y había señalado que sus mensajes habían abordado “asuntos públicos”, entre ellos cuestiones relacionadas con decisiones de la Corte Penal Internacional.
López también había reclamado diferenciar entre “crítica y discriminación”. En esa línea, había expresado que “denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”.
Finalmente, tras analizar las publicaciones cuestionadas y el comportamiento público del magistrado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió que Alfredo López no debía continuar como juez federal. La decisión también implicó que dejara de estar al frente del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata.
