Una funcionaria vinculada al Gobierno de la provincia de Buenos Aires había sido detenida en el marco de una investigación judicial por una presunta maniobra millonaria que habría alcanzado los $27.000 millones. Según la pesquisa, la organización investigada habría utilizado datos biométricos e identidades de otras personas para abrir cuentas en billeteras virtuales y canalizar dinero que tendría origen en el juego clandestino.
La detenida fue Albertina Mangini, quien trabajaba en el Patronato de Liberados. La abogada e integrante de la Procuración General bonaerense quedó bajo investigación por su presunta participación en una red que habría creado cuentas digitales utilizando identidades y datos biométricos de personas que previamente habían sufrido robos de documentación.
En ese marco, la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, imputó a Mangini por los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. La acusación contempló además agravantes vinculados con la habitualidad de las maniobras investigadas y con el hecho de que una de las personas involucradas ocupara un cargo como funcionaria pública.
La investigación también derivó en la detención de Mauro Perrota, en Mar del Plata, y Ignacio Marchioni, en Quilmes. Los procedimientos incluyeron una serie de allanamientos realizados en distintos domicilios de La Plata y Córdoba, en el marco de las medidas ordenadas por la Justicia.
De acuerdo con las primeras conclusiones de la investigación, las cuentas que habrían sido abiertas con identidades ajenas se habrían utilizado para blanquear fondos provenientes del juego clandestino. El volumen de dinero que quedó bajo análisis judicial habría alcanzado los $27.000 millones.
Durante los operativos, además, los investigadores secuestraron millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW, elementos que quedaron incorporados a la causa y que ahora serán analizados para determinar su posible vinculación con las maniobras investigadas.
El expediente, a su vez, presentó conexiones con otras investigaciones relacionadas con el circuito financiero y el fútbol. En ese contexto, uno de los involucrados apareció mencionado en una causa vinculada con una financiera relacionada con el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.
A partir de estos elementos, la pesquisa judicial buscó establecer cuál había sido el verdadero alcance de la organización y qué función habría desempeñado cada uno de los acusados dentro de la presunta estructura.
La Justicia también avanzó con el análisis de la documentación y de los distintos elementos secuestrados durante los allanamientos. El objetivo de esas medidas fue reconstruir el recorrido que habría seguido el dinero y determinar las responsabilidades individuales en la maniobra que se encontraba bajo investigación.
En cuanto a las declaraciones indagatorias, Albertina Mangini y Mauro Perrota se negaron a declarar ante la Justicia. Por su parte, Ignacio Marchioni sí brindó una explicación sobre su actividad y sostuvo que se dedicaba al “corretaje y las inversiones”.
La causa continuaba en etapa de investigación y las medidas judiciales apuntaban a determinar el origen de los fondos, el mecanismo utilizado para operar con las identidades de terceros y el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos.
