El Gobierno nacional oficializó este martes la creación de un programa destinado a detectar y bloquear teléfonos celulares utilizados dentro de establecimientos penitenciarios. La iniciativa también extendió la posibilidad de aplicar esta estrategia en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida quedó establecida a través de la Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tuvo como objetivo evitar que personas detenidas continuaran utilizando teléfonos desde las cárceles para planificar, organizar o coordinar delitos en el exterior.
La implementación del programa quedó a cargo de la Subsecretaría de Articulación Federal, que tendrá la responsabilidad de ponerlo en marcha en aquellas jurisdicciones que soliciten incorporarse.
La normativa creó el Programa para la Detección y el Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, destinado a identificar dispositivos y bloquear los códigos y líneas telefónicas que fueran utilizados de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias.
Además, la resolución autorizó a las Fuerzas de Seguridad Federales a utilizar inhibidores de señales en situaciones vinculadas con la seguridad pública. También aprobó el denominado “Procedimiento para el Bloqueo de Terminales con Reporte de Robo, Hurto o Extravío y la Identificación de IMEI Irregulares”.
En paralelo, la norma habilitó al Servicio Penitenciario Federal a instalar y poner en funcionamiento dispositivos destinados a detectar y bloquear los teléfonos utilizados por los internos dentro de celdas y pabellones.
Según explicó el Ministerio de Seguridad en un comunicado oficial, el programa permitirá detectar los equipos y bloquear los IMEI, IMSI y las líneas telefónicas que fueran utilizados de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias federales y también en aquellas pertenecientes a las provincias que decidieran adherir.
Desde la cartera de Seguridad remarcaron que “las cárceles no pueden ser centros de operaciones del crimen organizado”, al plantear que la medida buscaba impedir que las personas privadas de su libertad continuaran coordinando actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.
En ese sentido, tanto la Ciudad de Buenos Aires como las distintas provincias quedaron habilitadas para sumarse al programa mediante la firma del convenio de adhesión aprobado por el Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva.
Finalmente, desde el Gobierno nacional sostuvieron que quienes se encontraban detenidos no debían continuar cometiendo delitos desde las cárceles y remarcaron que los establecimientos penitenciarios tenían como finalidad el cumplimiento de las condenas y no la conducción de organizaciones criminales.
