El presidente Javier Milei anunció este jueves, a través de una cadena nacional transmitida desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas que el Gobierno considera centrales dentro de su programa de reformas económicas.
El mensaje, que se extendió durante aproximadamente 16 minutos, contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros integrantes del gabinete nacional.
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la modificación del funcionamiento del Banco Central representa una de las transformaciones estructurales más importantes de las últimas décadas y afirmó que el objetivo es impedir que el Estado vuelva a financiarse mediante la emisión monetaria.
“Poner fin a la estafa de imprimir dinero”
Al presentar el proyecto, Milei aseguró que la reforma apunta a terminar con lo que calificó como “la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”, al sostener que la inflación es la consecuencia directa de ese mecanismo.
El Presidente señaló que el llamado “impuesto inflacionario” permitió durante años incrementar los ingresos del Estado sin la aprobación del Congreso y remarcó que la preservación del valor de la moneda debe volver a ser la única misión del Banco Central.
En ese contexto, también repasó la evolución de la inflación en la historia argentina y aseguró que, desde la creación del BCRA en 1935, la inflación acumulada alcanzó cifras “extraordinarias”. Además, cuestionó el abandono del régimen de convertibilidad y sostuvo que, desde entonces, la inflación acumulada en el siglo XXI superó ampliamente el 168.000%.
Críticas al kirchnerismo
Milei aprovechó la cadena nacional para volver a cuestionar a gobiernos anteriores y apuntó especialmente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la extitular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont.
Según expresó, durante la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 se utilizaron reservas internacionales por unos 10.000 millones de dólares, hecho que calificó como un perjuicio para el patrimonio del Banco Central. También cuestionó la modificación de la Carta Orgánica realizada en 2012, al considerar que amplió las facultades del organismo para asistir financieramente al Estado.
Los cinco ejes de la reforma del Banco Central
El proyecto impulsado por el Gobierno contempla cinco modificaciones principales para redefinir el funcionamiento del Banco Central:
- Misión exclusiva: el BCRA tendrá como único objetivo preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad monetaria.
- Prohibición del financiamiento al Estado: quedará vedada la asistencia financiera al Tesoro nacional, provincias y municipios, así como la compra de títulos públicos en el mercado primario.
- Mayor autonomía institucional: se buscará fortalecer la independencia del presidente y del directorio del Banco Central, estableciendo que su remoción requiera una mayoría especial de dos tercios del Congreso.
- Restricción al reparto de dividendos: los ingresos derivados de los servicios de liquidez pasarán a integrar una reserva técnica que no podrá distribuirse.
- Eliminación de las letras intransferibles: el Gobierno propone eliminar este instrumento financiero, al considerar que afectó el patrimonio del organismo.
Parte de un plan económico más amplio
El Presidente explicó que la reforma de la Carta Orgánica no será una medida aislada, sino que formará parte de un conjunto de cambios económicos e institucionales.
Entre ellos mencionó futuras reformas en el mercado de capitales, el sistema de seguros y la implementación del denominado “grillete fiscal”, una regla destinada a impedir la aprobación de presupuestos con déficit.
Según explicó Milei, el mecanismo establecerá que, si no se restablece el equilibrio fiscal dentro del plazo previsto, el Estado deberá paralizar aquellas actividades consideradas no esenciales hasta recuperar el superávit, con el objetivo de evitar nuevos desequilibrios en las cuentas públicas.
