El Ministerio de Seguridad de Mendoza inició una investigación para esclarecer cómo cuatro presos alojados en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe lograron acceder a teléfonos celulares y participaron de un streaming junto a un influencer. La normativa vigente en la provincia prohíbe que las personas privadas de la libertad tengan este tipo de dispositivos desde diciembre de 2023, como parte de una política destinada a prevenir delitos organizados desde los establecimientos penitenciarios, entre otros objetivos.
El hecho salió a la luz luego de que el streamer Valentino Melo compartiera en sus redes sociales un fragmento de la conversación que mantuvo en una transmisión en vivo con cuatro internos. Durante el intercambio, los propios participantes confirmaron que se encontraban alojados en la cárcel de San Felipe.
Tras la viralización del video, las autoridades provinciales dispusieron una investigación interna y ordenaron una requisa sorpresiva en el Módulo 8B, donde permanecen alojados los cuatro reclusos que aparecieron en la transmisión. El operativo fue realizado por efectivos del Servicio Penitenciario de Mendoza y finalizó con el secuestro de cinco teléfonos celulares.
A partir de este hallazgo, los internos quedaron a la espera de las posibles sanciones disciplinarias, administrativas y judiciales que podrían aplicárseles. La reglamentación vigente considera la tenencia de celulares dentro de las cárceles como una falta grave.
Entre las medidas que podrían verse afectadas para los detenidos figuran las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad y la posibilidad de acceder a la libertad condicional.
En paralelo, las autoridades anunciaron que también se desarrolla una investigación para determinar si el ingreso de los teléfonos contó con algún tipo de colaboración externa.
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió al episodio y señaló que en las cárceles de la provincia se incautan, en promedio, unos 15 dispositivos electrónicos por día.
Además, recordó la situación que encontraron tras la autorización del uso de teléfonos celulares en los penales durante la pandemia de COVID-19. En ese sentido, afirmó: “Había más de 16.000 celulares declarados que pudimos retirar de las cárceles gracias a una batalla judicial que debimos dar y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia.”
