La Unión Europea resolvió congelar de manera indefinida cerca de USD 230.000 millones en activos pertenecientes a Rusia, que ya se encontraban bloqueados por las sanciones impuestas desde el inicio de la invasión a Ucrania.
El nuevo esquema establece que esos fondos permanecerán inmovilizados hasta que finalice la guerra de agresión lanzada por Moscú y se compensen los daños ocasionados, en línea con lo reclamado por los líderes europeos durante la cumbre celebrada en octubre pasado.
Con esta decisión, los Veintisiete definieron el marco legal necesario para que, cuando exista consenso político, esos recursos puedan destinarse a la reconstrucción de Ucrania.
El acuerdo pone fin a la necesidad de renovar la congelación cada seis meses, un trámite que exigía unanimidad y quedaba expuesto a posibles vetos de Estados miembros con posiciones cercanas al Kremlin.
Hungría y Eslovaquia habían bloqueado renovaciones anteriores y dejaban entrever que podían volver a hacerlo. Para la Comisión Europea, eliminar ese riesgo es fundamental, ya que los activos solo pueden respaldar proyectos de reconstrucción si continúan bloqueados de manera permanente.
“Los líderes se comprometieron a mantener los activos inmovilizados hasta que Rusia compense los daños causados. Hoy hemos cumplido ese compromiso”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, la propuesta contó con el respaldo de 25 países, mientras que dos votaron en contra. Ese apoyo habilita a la Comisión a recurrir a la base legal del artículo 122, que permite adoptar decisiones urgentes cuando la estabilidad económica de la Unión está en riesgo.
Desde Bruselas argumentaron que la guerra en Ucrania impacta de forma directa en la seguridad energética y financiera del bloque, lo que justifica la utilización de estos poderes excepcionales. Además, esta vía evita la intervención del Parlamento Europeo, lo que permite avanzar con mayor rapidez.
La iniciativa, sin embargo, no habilita de forma inmediata la transferencia de los activos a un fondo para Ucrania. Esa definición requiere un acuerdo adicional que aún enfrenta la resistencia de Bélgica, país donde se concentra la mayor parte de los recursos congelados.
La Comisión advierte que el uso de poderes de emergencia podría derivar en represalias por parte de Rusia y que todavía no existe claridad suficiente sobre los mecanismos para proteger al sistema financiero europeo. El debate continuará en la cumbre de líderes de la próxima semana, donde Bruselas buscará el respaldo político que aún falta.
La discusión interna en la UE se convirtió en una de las más sensibles desde el inicio del conflicto. Ucrania necesita financiamiento urgente para cumplir compromisos básicos y planificar la reconstrucción de infraestructura crítica.
En ese contexto, el bloque analiza la creación de un préstamo respaldado por los activos rusos, una alternativa que el Ejecutivo comunitario considera viable solo si los fondos permanecen congelados de forma indefinida. La Comisión sostiene que vincular los activos a un préstamo permitiría garantizar recursos estables para Kiev sin transferir directamente la propiedad del dinero.
El artículo 122 ya fue utilizado en crisis anteriores, como durante la pandemia de COVID-19, para adoptar decisiones económicas rápidas. Para Bruselas, su aplicación actual responde a la necesidad de preservar la estabilidad del mercado europeo, afectado por la invasión rusa a través de disrupciones comerciales, subas en los precios de la energía y presiones inflacionarias.
La posibilidad de destinar los activos a Ucrania sigue rodeada de controversias legales. Algunos gobiernos advierten que el uso de fondos estatales de un tercer país podría ser cuestionado en tribunales internacionales, mientras que otros consideran que la magnitud de los daños sufridos por Ucrania justifica medidas excepcionales. La Comisión Europea insiste en que la inmovilización permanente no constituye una expropiación y que cualquier paso adicional deberá ajustarse al derecho internacional.
