El ex fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Mariano Ríos Artacho, fue imputado este lunes como presunto jefe de una asociación ilícita que habría desviado alrededor de $425 millones de cuentas judiciales bancarias entre 2017 y 2024.
Durante la extensa audiencia, el ex funcionario judicial se disculpó ante su familia y las autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y admitió haber participado de las maniobras investigadas. Según explicó, su conducta estuvo relacionada con un grave problema de ludopatía que atravesaba desde hacía varios años.
La investigación fue presentada por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, quienes atribuyeron a su ex colega una serie de movimientos irregulares sobre dinero depositado en cuentas judiciales correspondientes a expedientes en los que había intervenido mientras se desempeñaba en el MPA.
Los fondos involucrados provenían de distintas fuentes. Entre ellas se encontraban dinero secuestrado durante procedimientos en flagrancia y allanamientos, además de sumas correspondientes a reparaciones económicas o cauciones que habían sido acordadas con las defensas para morigerar la situación procesal de personas imputadas.
Según expusieron los fiscales, el entonces titular de la Fiscalía de Delitos Económicos emitía oficios dirigidos a entidades bancarias mediante los cuales ordenaba transferencias o autorizaba extracciones de dinero en efectivo por ventanilla. Esas operaciones supuestamente estaban destinadas a personas que debían recibir los fondos como reparaciones o restituciones.
En medio de la audiencia, que había comenzado durante la mañana, Ríos Artacho pidió declarar ante la jueza María Trinidad Chiabrera. En primer lugar, expresó sus disculpas a sus familiares y al Ministerio Público de la Acusación.
Luego relacionó las maniobras investigadas con su problema de ludopatía. Según relató, esa conducta había comenzado en 2013, cuando todavía era funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué.
En su declaración, el ex fiscal reconoció el manejo irregular del dinero y aseguró: “Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”.
Sin embargo, negó que hubiera existido una asociación ilícita organizada y sostuvo que él había sido quien involucró al resto de los acusados. Según su versión, los demás imputados habían participado porque recibían órdenes suyas y él mismo los había “arrastrado” a intervenir en las maniobras.
Además, manifestó su intención de colaborar con la investigación para contribuir al esclarecimiento de los distintos episodios que se encontraban bajo análisis.
La Fiscalía, en cambio, ubicó como presuntos organizadores de la estructura a Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero y Gustavo Cesaretti. De acuerdo con la acusación, los tres habrían conseguido prestanombres, utilizado sus propias cuentas bancarias y realizado extracciones de dinero por ventanilla para posteriormente distribuir los fondos junto con Ríos Artacho.
En un escalón diferente de la presunta organización fue señalado el abogado penalista Emilio Rubén Barcacia, quien además había sido ex cuñado de Ríos Artacho. Los fiscales le atribuyeron una función vinculada con la reposición temporal de dinero en cuentas judiciales que previamente habían quedado vaciadas.
La acusación sostuvo que, cuando una causa avanzaba y la cuenta judicial correspondiente ya no contaba con los fondos que debía tener disponibles, Barcacia realizaba depósitos para cubrir momentáneamente el faltante.
Esos movimientos, según la investigación, se producían cuando se acercaban instancias procesales como una probation o un juicio abreviado dentro del expediente.
Barcacia también prestó declaración durante la audiencia y aseguró que desconocía la maniobra que se encontraba detrás de los pedidos realizados por Ríos Artacho. Su vínculo con el ex fiscal era cercano debido a que ambos habían sido cuñados.
El resto de los acusados quedó integrado por Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola Batistic, Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri, todos señalados por la Fiscalía como presuntos integrantes de la organización.
Según la hipótesis de los investigadores, esas personas aportaban sus cuentas bancarias o se encargaban de retirar efectivo por ventanilla para posteriormente entregárselo al ex fiscal. A cambio, aparentemente recibían un porcentaje del dinero.
Uno de los episodios destacados durante la audiencia estuvo relacionado con una investigación contra el empresario cerealero Sebastián Grimaldi, quien había sido investigado por presuntas estafas millonarias.
Durante allanamientos realizados en esa causa se habían secuestrado USD 4.800 y $340.000. De acuerdo con la acusación, ese dinero nunca llegó a ser depositado en la cuenta judicial correspondiente y su destino continuaba sin determinarse.
Además, los fiscales señalaron que más de $2 millones habrían sido derivados hacia el coimputado Nahuel Riquelme. Posteriormente, según la acusación, ese dinero había sido repartido entre Ríos Artacho, Mercado y Romero.
La investigación también había puesto bajo sospecha al ex fiscal por otro episodio relacionado con la causa Grimaldi. En ese expediente, un Mercedes Benz C250 Kompressor que había sido secuestrado al empresario fue entregado de manera irregular a un comisario que mantenía una relación de amistad con Ríos Artacho, pese a que el vehículo debía permanecer bajo custodia en un depósito judicial.
El automóvil fue recuperado posteriormente, cuando el policía que lo tenía en su poder fue detenido en el marco de una investigación por abuso sexual.
Ese episodio había derivado en una suspensión de dos meses para Ríos Artacho en abril de 2024. Luego de ser reincorporado, el funcionario presentó su renuncia el 25 de junio de ese mismo año, argumentando motivos personales.
Tiempo después también se conoció que Ríos Artacho había sido imputado por los fiscales santafesinos Alejandro Benítez y Marcelo Nessier a raíz de una pelea a golpes ocurrida dentro de un casino. En ese episodio, se lo había acusado de presuntamente lesionar y amenazar a otra persona.
La pelea también habría ocurrido en un contexto relacionado con su problema de ludopatía, mientras el entonces funcionario judicial se encontraba apartado de sus funciones.
Para el momento de su reincorporación, el 18 de junio de 2024, Ríos Artacho ya comenzaba a ser investigado por su actuación en un desprendimiento de la denominada causa Vicentin.
En ese expediente se analizaba un posible beneficio al entonces jefe de la AFIP, Carlos Vaudagna, quien había declarado que le pertenecían unos USD 200.000 encontrados dentro de una caja de seguridad perteneciente a Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin.
