El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó en Tucumán los restos de Carlos Medina González, un joven estudiante universitario de 20 años que había desaparecido en abril de 1976, poco después de la llegada al poder del gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla.
Medina González había permanecido detenido ilegalmente en el centro clandestino conocido como Pozo de Vargas, ubicado a unos diez kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán. En ese momento, la provincia se encontraba bajo el gobierno de facto de Antonio Domingo Bussi.
La identificación de sus restos elevó a 122 la cantidad de personas cuyos restos fueron restituidos con nombre y apellido a partir de los trabajos realizados en esa fosa. En total, los especialistas establecieron hasta el momento que en el lugar fueron depositados los restos correspondientes a al menos 149 personas.
El Pozo de Vargas y la investigación forense
El Pozo de Vargas se encontraba en la zona de Tafí Viejo, al noroeste de San Miguel de Tucumán, y fue considerado la fosa clandestina más grande del país.
De acuerdo con la descripción publicada por el EAAF, se trataba de una construcción circular de aproximadamente tres metros de diámetro y 37 metros de profundidad. El lugar fue utilizado durante la última dictadura militar para ocultar los cuerpos de personas víctimas de la represión ilegal.
Las primeras evidencias que permitieron establecer que en el interior del pozo había restos humanos fueron obtenidas por el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (GIAAT). A partir de esos trabajos iniciales se puso en marcha una investigación arqueológica que se extendió durante casi dos décadas.
Gran parte de esas tareas fueron realizadas por el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), que continuó con las excavaciones y la recuperación de evidencias en el lugar.
La particularidad de la fosa generó importantes dificultades para el trabajo de los especialistas. La manera en la que los cuerpos fueron arrojados, las características de la estructura interna del pozo, la humedad existente en el ambiente y las propias condiciones de la excavación provocaron que los restos óseos recuperados durante años aparecieran mezclados y fragmentados.
Por ese motivo, los investigadores no encontraron esqueletos completos e individualizados, como suele ocurrir en las inhumaciones realizadas en cementerios. En cambio, fueron recuperados aproximadamente 38.000 restos óseos, además de diferentes elementos que también podían aportar información para la investigación, entre ellos prendas de vestir y pequeños objetos.
El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense
El EAAF comenzó a recibir los restos recuperados en el Pozo de Vargas en 2011, con el objetivo de analizarlos y establecer cuántas personas habían sido enterradas clandestinamente en ese sitio.
A través del estudio de los perfiles genéticos, el equipo logró determinar hasta el momento un número mínimo de 149 individuos. Ese trabajo permitió avanzar posteriormente en la identificación de las víctimas y en la reconstrucción de los restos correspondientes a cada persona.
La tarea también incluyó un complejo proceso denominado reagrupación intraesqueletal, que consistió en volver a reunir los diferentes huesos que pertenecían a un mismo individuo, pese a que habían sido encontrados mezclados y fragmentados dentro de la fosa.
A partir de los análisis realizados, los especialistas lograron establecer que entre los restos recuperados había correspondencias con 121 hombres y 28 mujeres.
La identificación de Carlos Medina González se incorporó así al proceso de restitución de identidad de las víctimas encontradas en el Pozo de Vargas, un sitio que continuó aportando información sobre las personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado en Tucumán.
