Gregorio Dalbón, abogado penalista y uno de los representantes legales de Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, luego de que este afirmara en televisión que fue él mismo quien “decidió que vaya presa” la ex mandataria.
A través de sus redes sociales, el letrado sostuvo que Milei incurrió en un “delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 248 del Código Penal”, el cual prevé prisión e inhabilitación para todo funcionario público que dicte “resoluciones contrarias” a la Constitución Nacional o a las leyes vigentes.
“El propio Milei reconoció públicamente: ‘Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa’. Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial. Al atribuirse la facultad de decidir quién va preso, el Presidente se coloca por encima de los jueces, violando el artículo 109 de la Constitución Nacional y configurando una forma explícita de abuso de autoridad”, explicó Dalbón.
El abogado remarcó que, si un presidente “reconoce haber influido en un proceso judicial”, eso evidencia “la falsedad o ilegitimidad” tanto de las pruebas como de la sentencia dictada, al haberse producido bajo una determinada “influencia”. Según indicó, la denuncia busca “no sólo sancionar un delito, sino también defender el Estado de Derecho y la división de poderes”, frente a un jefe de Estado que “se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora”.
“Cuando Milei dice que él metió presa a Cristina, confiesa algo gravísimo: que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala. Confesó que la Justicia no es independiente, que la prisión de Cristina fue política, que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al Presidente. Lo que todo esto demuestra es que el poder ejecutivo y el poder judicial actuaron en forma conjunta afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Cristina Kirchner”, agregó Dalbón.
Finalmente, el abogado recordó que, antes de la condena a la actual presidenta del Partido Justicialista, hubo jueces y fiscales “que jugaban al fútbol con Mauricio Macri” y medios que anunciaban que “la bala no salió, pero el fallo sí iba a salir”.
“Son argumentos sobrados para la anulación definitiva de la sentencia contra la principal líder política de la oposición. El lawfare fue confesado y ahora está claro que, en la Argentina, Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y salen todas las denuncias contra los que participaron del mismo”, concluyó.
