El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad luego de un fallo judicial que exigió su entrada en vigencia sin demoras. La decisión se formalizó mediante el Decreto 84/2026, difundido este miércoles en el Boletín Oficial, donde se establecieron los lineamientos para aplicar el nuevo esquema de pensiones.
La resolución llevó la firma del presidente Javier Milei y se dictó en respuesta a lo dispuesto por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana. En diciembre de 2025, ese tribunal había declarado inválida la suspensión de la norma y fijado como fecha límite el 4 de febrero para que la ley comenzara a implementarse en su totalidad.
El origen del conflicto estuvo en el intento del Ejecutivo de frenar la aplicación de la ley, aprobada por el Congreso en septiembre de 2025, a través de un veto basado en la falta de recursos para afrontar las nuevas prestaciones. Sin embargo, la Cámara de Diputados insistió con la promulgación, que se concretó pese a la oposición oficial. Aunque la norma quedó promulgada, su ejecución había sido postergada hasta que la Cámara Baja definiera el financiamiento.
La disputa judicial se activó a partir de un amparo colectivo presentado por O. G. J., en representación de sus hijos. El magistrado de Campana dio lugar al reclamo, dejó sin efecto la suspensión y ordenó aplicar de inmediato la Ley N.° 27.793. Frente a esto, el Ministerio de Salud y otras áreas estatales apelaron, argumentando que no era posible avanzar sin resolver la cuestión presupuestaria. Aun así, el juez impuso un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo dictara la reglamentación.
Finalmente, el decreto reglamentario se publicó sobre el vencimiento de ese plazo. Allí se detallan los criterios para el nuevo sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, incluyendo requisitos de acceso, mecanismos de evaluación socioeconómica e incompatibilidades con otros beneficios. El texto sostiene que la ley requería una reglamentación específica para fijar procedimientos y controles, tarea que quedará en manos de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud.
La normativa también ordena convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los parámetros de evaluación y presentar, en un máximo de 30 días, un plan de auditorías periódicas. Se prevé además la articulación con organismos estatales y entidades de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de asegurar una participación federal y sectorial.
El decreto reconoce la preocupación por el frente fiscal, por lo que aclara que las acciones coordinadas con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adecuarse a los recursos disponibles y a las competencias de cada jurisdicción.
Uno de los puntos más complejos es la conversión automática de las pensiones no contributivas existentes al nuevo esquema, que pasa a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá relevar y verificar miles de beneficios para concretar esa transición y garantizar coherencia en la aplicación.
En cuanto al diseño institucional, la política de discapacidad queda centralizada en el Ministerio de Salud, con asistencia permanente del Consejo Federal de Discapacidad en tareas de evaluación, implementación y control. Este organismo, creado en 1996, reúne a representantes nacionales, provinciales y de organizaciones civiles.
La norma también subraya la necesidad de evitar superposiciones con otros beneficios previsionales, coordinar con políticas de inclusión laboral y sostener auditorías periódicas. La fiscalización recaerá tanto en la Secretaría como en el Consejo Federal.
El decreto, firmado por Milei junto a Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, aclara que su emisión no implica aceptar los argumentos del fallo judicial ni desistir de la disputa legal. De hecho, el texto señala que se dicta “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”. La reglamentación comenzó a regir desde su publicación.
Nuevas designaciones en el área de discapacidad
Tras la reglamentación, el Gobierno oficializó la designación de tres funcionarios clave dentro de la estructura de discapacidad del Ministerio de Salud. Las resoluciones también se publicaron este miércoles en el Boletín Oficial.
El cargo principal quedó en manos del doctor Alejandro Alberto Vilches, quien asumirá como secretario Nacional de Discapacidad. Desde esa dependencia se coordinan las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, abarcando desde la regulación de certificados hasta la planificación de apoyos específicos.
Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue nombrado el licenciado Gianfranco Scigliano. Su área tendrá a cargo la aplicación de normativas, la validación de certificaciones y la puesta en marcha de iniciativas vinculadas al sector, lo que incluye supervisar la emisión de certificados de discapacidad y asegurar respaldo técnico y legal.
Por su parte, el abogado Esteban Rafael Giler estará al frente de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. Su función central será facilitar el acceso a herramientas de apoyo social, laboral y educativo, articulando con organismos públicos y privados y trabajando para remover barreras en salud, educación y transporte.
Vilches, flamante secretario, ya había sido designado interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio de un escándalo por sobreprecios. Su primera misión fue llevar adelante una auditoría profunda para depurar el sistema y asegurar que los beneficios se otorgaran con criterios estrictos.
Su trayectoria combina gestión sanitaria, docencia y conducción en el sistema solidario de salud. Fue secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y supervisó el examen unificado de ingreso a residencias médicas, proceso que cobró notoriedad al detectarse irregularidades en los puntajes. Ese episodio derivó en una convocatoria extraordinaria para más de 200 postulantes y en la aplicación de controles más rigurosos. También tuvo un rol destacado durante la repetición de ese examen tras las denuncias.
Graduado en la Universidad del Salvador, realizó especializaciones en gestión de sistemas de salud tanto públicos como privados. En el Estado, se desempeñó como asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, subgerente en el I.O.S.F.A. y ocupó jefaturas técnicas en la Armada Argentina. Además, fue director general de evaluación de calidad en la Ciudad de Buenos Aires y asesoró a comisiones de salud de la Legislatura porteña y de la Cámara de Diputados de la Nación.
Dentro del sistema solidario, condujo equipos médicos en distintas obras sociales, entre ellas las de las industrias químicas y petroquímicas Zárate-Campana, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la de la Industria del Cuero. También intervino de forma federal en la obra social del sector de las comunicaciones. En el plano académico, desarrolló docencia de posgrado en la UCA, dictando cursos de auditoría médica y participando en programas de maestría en gestión de salud y en estudios sociales de la discapacidad.
