El Gobierno nacional oficializó una decisión que ya había sido anticipada hacia finales de 2025: la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de dos entidades autárquicas independientes. De esta manera, quedó establecida la separación definitiva entre la cobertura sanitaria destinada al personal militar y la correspondiente a los policías federales, una medida que alcanza a más de 500 mil beneficiarios en todo el país y que responde a reclamos históricos de ambos sectores.
La determinación fue adoptada para hacer frente a la profunda crisis financiera que atraviesa el IOSFA, cuya deuda ronda los 200 mil millones de pesos. Desde el Ejecutivo sostienen que los problemas operativos del organismo son consecuencia de irregularidades en la administración de gestiones anteriores, lo que derivó en un deterioro significativo de los servicios.
Uno de los puntos más críticos se registra en la ciudad bonaerense de Punta Alta, donde, según datos aportados por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), cerca de 42.000 de los 77.000 habitantes dependen de la obra social y llevan meses sin poder acceder a prestaciones básicas de salud.
Ante este escenario, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan evitar el colapso del sistema. La solución acordada fue avanzar con una reorganización estructural del organismo.
Como resultado, se creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará como ente autárquico con personería jurídica propia bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Tendrá alcance en todo el territorio nacional y su misión principal será brindar cobertura médico-asistencial y social a la totalidad de su población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que defina su Directorio. El decreto establece que dichas prestaciones no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio fijado por el Decreto N.º 492/1995 ni a sus futuras actualizaciones.
La OSFA contará con un Directorio conformado por representantes de cada una de las Fuerzas Armadas, lo que, según el Gobierno, permitirá una conducción especializada y ajustada a las necesidades específicas de cada institución. El Ministerio de Defensa será la autoridad de aplicación y ejercerá las tareas de fiscalización y control.
En paralelo, se dispuso la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), también con carácter autárquico, que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional. Su función será brindar cobertura médico-asistencial y social al personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y a eventuales incorporaciones de otras fuerzas federales. Su accionar se desarrollará en todo el país bajo estrictos mecanismos de control ministerial.
El Directorio de la OSFFESEG estará integrado por cinco miembros titulares, designados y removidos por el Ministerio de Seguridad. La presidencia será ocupada por una persona con reconocida idoneidad y experiencia técnica en gestión pública o privada, y el decreto exige que todos sus integrantes acrediten formación y trayectoria en administración y en la conducción de organismos complejos.
En cuanto a los afiliados, la OSFA tendrá como titulares al personal militar en actividad, al personal civil de las Fuerzas Armadas, a los empleados de la propia obra social, y a los retirados y pensionados. También se incluye al grupo familiar primario del titular —cónyuge o conviviente, hijos menores de 21 años y, en determinadas condiciones, hijos mayores hasta los 25 años que cursen estudios—. El Directorio podrá autorizar afiliados adherentes siempre que no cuenten con otra cobertura de salud y se garantice la sustentabilidad financiera.
Por su parte, la OSFFESEG incorporará como afiliados titulares al personal de Gendarmería y Prefectura en actividad, al personal civil en relación de dependencia, a los empleados de la obra social y a los retirados y pensionados de ambas fuerzas. El grupo familiar primario también estará cubierto bajo condiciones similares, y el Directorio podrá admitir afiliados adherentes si se acredita viabilidad financiera y ausencia de otra cobertura.
Ambas obras sociales tendrán una estructura financiera basada en los aportes personales de los afiliados, las contribuciones patronales, las cuotas de adherentes, los ingresos por venta de activos, los recursos asignados por la Ley de Presupuesto Nacional y las donaciones. Los aportes se calcularán sobre la totalidad de los conceptos remunerativos y no remunerativos, con exclusión de asignaciones familiares, gastos y viáticos.
El decreto fija que al menos el 80 % de los recursos deberá destinarse a prestaciones de salud, mientras que los gastos administrativos no podrán superar el 8 %. En caso de existir excedentes y una vez cubiertas todas las obligaciones, hasta un 12 % podrá asignarse a otras prestaciones sociales.
Asimismo, se autorizó a los directorios de ambas entidades a dictar sus reglamentos internos, definir estructuras orgánicas, aprobar programas médicos, presupuestos y balances, contratar personal y servicios, establecer políticas de inversión y elevar informes de gestión ante los ministerios correspondientes. También se estableció que estarán sometidas a auditorías internas de la Sindicatura General de la Nación y a estrictas normas de incompatibilidad para prevenir conflictos de interés.
El mandato de los miembros de los directorios será de cuatro años, con posibilidad de reelección, y todos deberán acreditar experiencia y competencia en gestión pública o privada, especialmente en áreas vinculadas a la administración y la salud.
Para asegurar la continuidad de las prestaciones, el decreto prevé una transferencia ordenada de activos, personal y derechos desde el IOSFA hacia las nuevas obras sociales. Durante este proceso, un administrador designado por el Ministerio de Defensa y una Comisión Especial Ad-Hoc, integrada por representantes de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, supervisarán el traspaso, la restitución de bienes, la cancelación de pasivos y la elaboración de la normativa complementaria necesaria.
El proceso garantiza la preservación de las prestaciones actuales y la protección de los afiliados durante toda la transición. Las sedes centrales de la OSFA y la OSFFESEG estarán ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde coordinarán sus servicios a nivel nacional.
Desde el Gobierno remarcaron que la decisión se adoptó ante “circunstancias excepcionales” que hacen imprescindible una reorganización institucional, financiera y operativa del sistema de cobertura de salud, con el objetivo de asegurar la continuidad, regularidad y calidad de las prestaciones médico-asistenciales y evitar una afectación presente o inminente del derecho a la salud de los afiliados.
