Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la condena por la llamada “Causa Vialidad”. En un extenso escrito de 33 páginas, los fiscales solicitaron que la ex presidenta cumpla la pena de seis años de prisión en una cárcel común, como cualquier otro condenado.
El pedido, elevado a la Cámara Federal de Casación Penal, sostiene que “jamás existieron motivos reales” para conceder la prisión domiciliaria a la ex mandataria, actualmente de 72 años. Cristina Kirchner cumple arresto en su domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, bajo supervisión de tobillera electrónica y un régimen estricto de visitas.
Luciani y Mola afirmaron que la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de otorgarle ese beneficio el pasado 17 de junio “desvirtúa” el sentido del cumplimiento efectivo de las penas y que incluso genera “un impacto social negativo”. El tribunal había argumentado que, por el atentado que sufrió la ex vicepresidenta en 2022, no se garantizaba su seguridad en un penal.
Sin embargo, los fiscales consideran que esa evaluación no justifica una excepción a la norma general. “La pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, subrayaron en el escrito.
Además, indicaron que alojarla en una celda individual dentro de una cárcel “no puede asimilarse al aislamiento”, y remarcaron que mantenerla en su casa representa un “trato desigual” frente a otros detenidos en condiciones similares que sí cumplen condena en prisión.
La resolución definitiva quedará en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Será ese tribunal el que defina si Cristina Kirchner sigue cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario o si debe ser trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
