El Gobierno nacional intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol a brindar explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros, en una nueva acción que profundiza el enfrentamiento con la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia a través de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Según se informó oficialmente mediante un comunicado, el organismo de control solicitará documentación que respalde gastos e inversiones por montos superiores a los USD 111.000.000 en el caso de la AFA y a los USD 340.000.000 en el de la Liga Profesional.
En el escrito difundido recientemente, se señaló que “se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”.
Desde la IGJ precisaron además que los balances observados superan ampliamente los montos mencionados y que, en el caso de la AFA, se exigirá la presentación de documentos vinculados a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían contempladas en sus estatutos sociales, recordando que se trata de una asociación civil sin fines de lucro.
“El compromiso del Gobierno es con la igualdad ante la ley. Nadie está por encima de la ley ni goza de privilegios. Tanto la AFA como la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier asociación o fundación registrada ante la IGJ”, remarcaron. También advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos en los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las instituciones como para sus directivos.
En la intimación, a la que tuvo acceso la prensa, la IGJ otorgó a la AFA un plazo máximo de 20 días para cumplir con una extensa lista de requerimientos. Entre ellos, se incluye la presentación de los estados contables y financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025, que se encuentran vencidos; la explicación de por qué no se solicitó autorización para la realización de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria del 28 de octubre de 2025 en el predio de Ezeiza; y los motivos por los cuales no se efectuó la presentación previa obligatoria ante el organismo.
También se exige que la AFA justifique la participación de funcionarios de la Dirección General de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires en dichas asambleas, pese a que la entidad tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentra bajo la órbita de la IGJ. A esto se suma la entrega de copias certificadas de las actas del Consejo Directivo y de las asambleas realizadas ese día.
Otro punto central de la intimación está vinculado a la Universidad de la AFA (UNAFA). El organismo solicitó todas las actas en las que se haya decidido su constitución, los estatutos de la entidad, los instrumentos jurídicos que dieron origen a la universidad, las autorizaciones estatales correspondientes, la escritura de adquisición del inmueble donde funciona su sede en la Ciudad de Buenos Aires y los comprobantes bancarios del pago, incluyendo la documentación vinculada a la compra de divisas si se trató de operaciones en moneda extranjera.
Asimismo, la IGJ requirió copia de los convenios firmados con universidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), ISALUD, Saint Kolbe University de Estados Unidos y el Instituto de Emprendimiento Avanzado de España.
La AFA también deberá responder observaciones pendientes sobre los estados financieros de los ejercicios cerrados entre 2017 y 2024, que en conjunto involucran partidas por más de USD 111 millones, además de contestar las vistas relacionadas con reformas estatutarias aún no aprobadas por el organismo.
En cuanto a la Superliga, la intimación apunta a que responda observaciones sobre sus estados contables correspondientes a los ejercicios 2020 a 2024, que suman más de USD 340 millones, y que presente los estados financieros del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025.
Esta medida se suma a una serie de acciones recientes del Gobierno. El lunes pasado, la senadora Patricia Bullrich denunció a las autoridades de la AFA ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por presuntas violaciones al Código de Ética y a las políticas anticorrupción del organismo sudamericano. En esa presentación se solicitó una investigación preliminar sobre un entramado de sociedades comerciales, contrataciones directas y movimientos patrimoniales que, según la denuncia, comprometerían los estándares de buena gobernanza.
El caso también se inscribe en una investigación judicial que lleva adelante el juez del Juzgado Penal Económico N.º 10, Marcelo Aguinsky, quien analiza el accionar de la firma Real Central SRL y de dos personas señaladas como presuntos testaferros de altos dirigentes de la AFA. Entre los bienes bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, partido de Pilar, que incluye una estancia con helipuerto, instalaciones deportivas, harás, pista de entrenamiento equino y una valiosa colección de vehículos.
La investigación detalla un llamativo recorrido dominial del inmueble, que en 2017 fue adquirido por el exfutbolista Carlos Tévez, pasó en 2023 a manos de Malte SRL —proveedora oficial de la AFA— y luego fue transferido a Real Central SRL. Además, se detectaron gastos de mantenimiento a nombre de Wicca SAS, sociedad vinculada a ex funcionarios del organismo.
La denuncia también pone el foco en contrataciones directas, como la adjudicación a Malte SRL por unos USD 550.000 para la finalización del sistema VAR, lo que, según la presentación, plantea serios interrogantes sobre posibles conflictos de intereses y falta de transparencia.
Frente a este escenario, desde la AFA denunciaron una “evidente persecución política” contra sus autoridades. Apuntaron contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la diputada Juliana Santillán y la senadora Patricia Bullrich, a quienes acusaron de intentar interferir en la vida institucional del organismo.
También cuestionaron el impulso del Poder Ejecutivo a las Sociedades Anónimas Deportivas y defendieron el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. “Mientras algunos critican desde afuera, nosotros seguimos trabajando para que el fútbol argentino siga creciendo. En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”, concluyeron.
