Dos adolescentes de 16 años circulaban en moto durante la madrugada del sábado en Alta Gracia, Córdoba, cuando, según la denuncia que realizaron ante la Justicia junto con sus padres, un móvil policial comenzó a seguirlos. El episodio terminó con un efectivo detenido y con una agente que lo acompañaba imputada, aunque permaneció en libertad.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia, conducida por el fiscal Alejandro Peralta Otonello. El expediente, además, quedó bajo secreto de sumario, por lo que todavía no se conocieron públicamente las figuras penales específicas atribuidas a cada integrante de la fuerza.
La persecución y la detención de los adolescentes
El episodio se produjo durante la noche del viernes 5 de septiembre. Según la reconstrucción realizada por el abogado de los adolescentes, Axel Aurich, los jóvenes viajaban en moto cuando advirtieron que una camioneta policial los seguía.
El efectivo que manejaba el móvil les habría indicado que se detuvieran. Sin embargo, los adolescentes continuaron durante algunas cuadras antes de frenar.
Aurich señaló que los jóvenes tenían 16 años y que, ante la persecución policial, continuaron la marcha por temor. De acuerdo con su relato, el móvil llegó a colocarse de manera intimidante sobre la moto antes de que finalmente los adolescentes detuvieran su recorrido.
Una vez que los jóvenes se detuvieron, el policía que conducía la camioneta descendió del vehículo. Siempre de acuerdo con la denuncia y con la versión aportada por el abogado, el efectivo habría arrojado a los adolescentes al suelo y comenzó a golpearlos mediante patadas.
Los dos llevaban puestos sus cascos, pero igualmente terminaron con lesiones en la cabeza. Uno de ellos sufrió una fractura de tibia y peroné, que, según la denuncia, se produjo como consecuencia de los golpes recibidos con el calzado reglamentario del policía.
Durante el procedimiento también estuvo presente una agente policial que acompañaba al efectivo. Según la acusación, la mujer no intervino para detener la agresión.
La amenaza con el arma
El episodio no habría terminado con la golpiza. De acuerdo con lo denunciado por los adolescentes, después de la agresión el policía sacó su arma y los amenazó para que no recurrieran a la Justicia.
El abogado Aurich aseguró que el efectivo les advirtió que, si realizaban una denuncia, los iba a buscar y matar. La declaración del letrado fue realizada y formó parte de la reconstrucción pública del caso.
Después de esa situación, siempre según la denuncia, los policías se retiraron del lugar. Los adolescentes quedaron en la vía pública y, de acuerdo con el relato presentado ante la Justicia, los efectivos no les brindaron asistencia médica ni realizaron una identificación formal.
La investigación quedó a cargo de una fiscalía de Alta Gracia
La denuncia presentada por los padres de los dos adolescentes activó una investigación judicial y otra de carácter administrativo dentro de la Policía de Córdoba.
Por un lado, la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Otonello, inició las actuaciones penales. Al mismo tiempo, la Dirección General de Control de Conducta Policial abrió su propio procedimiento.
El comisario general René Villegas, responsable de esa dependencia, confirmó que habían recibido la denuncia y explicó que se trabajaba en la recopilación de diferentes elementos de prueba.
Entre las medidas solicitadas por la Fiscalía se incluyeron las imágenes registradas por cámaras de seguridad y las grabaciones correspondientes al sistema 911. Esos registros podían resultar importantes para reconstruir el recorrido que realizaron los adolescentes y el móvil policial durante el episodio.
El fiscal ordenó la detención del policía
Antes de disponer el arresto, el fiscal Peralta Otonello tomó las declaraciones de los adolescentes y coordinó distintas diligencias junto con personal de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Una vez reunidos esos elementos, el funcionario judicial firmó un decreto fundado mediante el cual ordenó detener al efectivo policial.
La Fiscalía comunicó oficialmente que la medida se había dispuesto contra un integrante masculino de la Policía de Córdoba que prestaba servicios en esa Departamental y que estaba relacionado con distintos hechos de carácter funcional.
El arresto se concretó durante las primeras horas de la tarde del miércoles. El policía quedó alojado en un establecimiento penitenciario y permaneció a disposición de la Justicia.
En el mismo comunicado, la Fiscalía informó que también había ordenado la imputación de la agente policial femenina que se encontraba con el detenido durante el procedimiento.
La mujer fue imputada por hechos delictivos que, según la información oficial, se habían cometido en el marco de su función policial. Sin embargo, a diferencia del efectivo detenido, permaneció en libertad.
El expediente continuó bajo secreto de sumario
Hasta el momento de conocerse las medidas judiciales, no se habían informado públicamente las figuras penales concretas que se atribuyeron a cada uno de los policías.
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que la investigación se encontraba bajo secreto de sumario. Esa condición impedía acceder a mayores detalles sobre las imputaciones y sobre las distintas medidas incorporadas al expediente.
En ese contexto, Aurich sostuvo que, según la denuncia presentada por los adolescentes, el efectivo detenido fue quien provocó las lesiones durante la intervención policial.
El abogado también destacó la importancia que tendrían las cámaras de seguridad y la documentación médica incorporada a la causa. Según explicó, los registros permitirían observar el recorrido de la moto y del móvil policial, mientras que los certificados médicos servirían para acreditar las lesiones sufridas por los adolescentes.
Hasta ese momento, ninguno de los dos efectivos involucrados había sido apartado de sus funciones. Desde la Dirección General de Control de Conducta Policial señalaron que esa decisión dependía de cómo avanzara el expediente judicial que llevaba adelante el fiscal Alejandro Peralta Otonello.
