Una beba de dos meses fue diagnosticada con intoxicación por cocaína en la ciudad de Rosario. El caso fue reportado por el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y confirmado por su director, Eduardo Casim. La situación tomó un giro crítico cuando la madre de la menor, tras conocer los resultados de los análisis, decidió retirarla del hospital y darse a la fuga, lo que dificultó la continuidad del tratamiento médico y las acciones de protección para la niña.
La beba había sido ingresada al hospital rosarino luego de que vecinos denunciaran posibles episodios de violencia familiar en su entorno. La mujer llevó a su hija al centro de salud, donde los estudios toxicológicos detectaron cocaína en la orina de la pequeña.
Ante el resultado de los análisis, el personal sanitario actuó de inmediato. Los profesionales intentaron mantener a la madre y a la niña en el hospital para realizar un seguimiento clínico riguroso, pero la mujer abandonó el establecimiento con la beba antes de que pudieran activarse los protocolos de protección infantil. El equipo médico comenzó a coordinar acciones con centros de salud barriales y con el Servicio Local de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para localizar a la mujer, aunque en un primer momento no lograron encontrarla.
El director del hospital, Eduardo Casim, explicó que la presencia de cocaína en el organismo de la beba podría estar relacionada con el consumo de la madre y su posterior transmisión a través de la lactancia.
“Si el consumo es importante en el último período del embarazo, el recién nacido puede presentar síntomas de abstinencia”, indicó el especialista. El pediatra también advirtió sobre los riesgos que implica la exposición prenatal y posnatal a esta sustancia: el consumo de cocaína durante el embarazo puede provocar abortos espontáneos, problemas neurológicos severos, bajo peso al nacer y complicaciones en el desarrollo de órganos vitales.
Casim también señaló que la exposición de los lactantes a la droga puede producirse no solo mediante la lactancia, sino también —aunque en menor medida— por inhalación pasiva en ambientes donde se manipulan sustancias. Entre los síntomas que pueden manifestar los recién nacidos se encuentran irritabilidad, dificultades respiratorias y alteraciones neurológicas, lo que obliga a realizar un seguimiento interdisciplinario y, en determinados casos, a la intervención del Estado para resguardar la integridad de los menores.
El episodio fue reportado oficialmente y derivó en la apertura de una investigación judicial e institucional. En el hospital Vilela, un equipo integrado por médicos, psiquiatras, trabajadoras sociales y juristas analiza de manera permanente la necesidad de separar a los niños de los adultos responsables cuando se determina que el entorno familiar representa un riesgo para su salud.
La denuncia formal también habilitó la intervención de organismos provinciales que, según el marco legal vigente, pueden disponer el retiro de la tenencia a los adultos responsables si se comprueba el incumplimiento de las medidas de protección o si fracasan los intentos de reintegración familiar.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, la madre de la beba tenía antecedentes vinculados al consumo de drogas ilegales y otras problemáticas sociales, aunque al momento del episodio no pesaba sobre ella ninguna orden de detención. Esa situación permitió que abandonara el hospital con la niña. Desde el centro de salud señalaron que la mujer era conocida por los servicios sociales y expresaron su preocupación por la actitud hostil que mostró cuando se le pidió que la menor permaneciera en observación.
Tanto el hospital como los organismos de protección reiteraron el pedido para que la madre regrese con la beba al centro de salud y permita continuar con la atención médica. Según explicó el director Casim, la exposición a drogas ilegales durante la infancia puede provocar consecuencias a mediano y largo plazo, como complicaciones neurológicas, problemas en el desarrollo y trastornos de salud general.
Por ese motivo, el abordaje de este tipo de situaciones requiere la intervención de equipos interdisciplinarios y la coordinación entre el sistema de salud, la Justicia y los organismos de protección de la niñez.
