Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos en la ciudad de Córdoba, acusados de haber participado de un robo por más de 30 millones de pesos durante un falso allanamiento realizado en una vivienda del barrio General Pueyrredón, ubicado en el sector este de la capital provincial.
El hecho ocurrió el sábado pasado. Según estableció la investigación judicial, durante la mañana una camioneta Toyota Hilux con identificación oficial de la PFA llegó hasta la casa de las víctimas. Del vehículo descendieron cuatro hombres. Tres de ellos llevaban uniformes policiales, además de pasamontañas y guantes.
El grupo aseguró que estaba allí para realizar un allanamiento y llegó acompañado por un supuesto testigo civil. La propietaria de la vivienda se encontraba en ese momento junto a sus hijos pequeños y permitió el ingreso de los hombres, pese a que nunca le exhibieron una orden judicial.
Una vez dentro de la casa, el supuesto testigo quedó junto a la familia, mientras los otros integrantes del grupo comenzaron a recorrer los distintos sectores de la propiedad en busca de dinero y objetos de valor.
De acuerdo con la denuncia realizada posteriormente por los propietarios, los falsos policías se llevaron más de 30 millones de pesos, joyas y otros elementos. Durante el robo también provocaron daños en una pared, ya que buscaban una caja fuerte que finalmente no existía.
Además, antes de retirarse, los delincuentes se llevaron el disco duro que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. De esa manera, intentaron eliminar posibles registros que pudieran ayudar a identificar a los autores.
La situación quedó al descubierto cuando el dueño de la casa regresó. Los damnificados comenzaron a advertir que había elementos que no coincidían con un procedimiento policial legítimo y realizaron consultas ante distintas dependencias policiales y judiciales.
Ninguna de ellas reconoció haber dispuesto un allanamiento en esa vivienda durante el horario señalado. Ante esa situación, la familia realizó la correspondiente denuncia y comenzó la investigación.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal a cargo de Maximiliano Hairabedian. Las primeras medidas se realizaron el lunes y permitieron avanzar rápidamente sobre la identidad de los sospechosos.
Una de las principales pistas surgió a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron detectar el paso del patrullero utilizado durante el falso operativo.
A partir de esa información, los investigadores se presentaron en la sede de la Policía Federal y encontraron una camioneta Toyota Hilux asignada a la brigada de Investigaciones que coincidía con el vehículo observado durante el robo.
La fuerza federal aportó documentación relacionada con el móvil y también los registros de su sistema de geolocalización. El análisis de esos datos permitió obtener nuevos elementos para reconstruir el recorrido realizado por la camioneta durante la jornada del asalto.
Los investigadores también descubrieron que el kilometraje del vehículo oficial había sido adulterado, presuntamente con el objetivo de ocultar el desplazamiento de la camioneta durante el momento en que se produjo el robo.
Con el avance de la causa, fueron identificados dos de los presuntos participantes. Se trataba de integrantes de la propia Policía Federal: el inspector oficial Matías Mercado y el cabo Emanuel Guardia.
La Justicia ordenó posteriormente el secuestro de los teléfonos celulares utilizados por ambos agentes para someterlos a peritajes. Sin embargo, los investigadores se encontraron con una nueva dificultad: los sospechosos habían intercambiado sus teléfonos durante la semana, por lo que los dispositivos secuestrados no conservaban información relevante para la investigación.
A partir de ese dato, el juez que intervino en la causa dispuso la detención de los dos efectivos, de acuerdo con lo informado por fuentes judiciales.
La investigación también incorporó otro elemento que llamó la atención de los investigadores. Durante el robo, los acusados habrían evitado utilizar sus nombres entre ellos, una maniobra que habría tenido como objetivo no dejar indicios que permitieran identificarlos posteriormente.
Mercado y Guardia permanecían detenidos, mientras la Justicia continuaba con las medidas destinadas a determinar el grado de responsabilidad de cada uno y avanzar en la identificación de los otros dos hombres que habrían participado del falso allanamiento.
