El litigio internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo judicial con la presentación que realizaron los beneficiarios del fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En el documento, buscan evitar que se suspenda la orden emitida por la jueza Loretta Preska, que obliga a la República Argentina a entregar el paquete accionario de la petrolera nacionalizada en 2012. La controversia legal captó la atención no sólo de las partes en disputa, sino también del sistema financiero global.
El descargo presentado constituye el núcleo de la estrategia de quienes reclaman el cumplimiento inmediato del fallo. Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en el caso, detalló en redes sociales que el escrito remarca que “Argentina está lejos de demostrar de manera contundente que tiene ‘altas probabilidades de éxito en cuanto al fondo’ de su apelación por la entrega de las acciones de YPF”. Según los demandantes, la estrategia legal del país carece de fundamentos sólidos y no presenta elementos suficientes para justificar una eventual revocatoria de la sentencia.
Uno de los ejes del documento es la noción de “daño irreparable” que, desde la óptica de los demandantes, no afecta al Estado argentino. Al contrario, aseguran que cualquier perjuicio que pudiera existir surge exclusivamente de sus propias decisiones: “Argentina no ha demostrado que sufriría un daño irreparable”, indicó Maril, y agregó que los supuestos perjuicios “son consecuencia directa de su propia conducta: sus reiteradas demoras y maniobras para eludir el cumplimiento de una sentencia que sigue vigente”.
Los beneficiarios argumentan que la conducta del Estado argentino —su negativa a actuar con celeridad, las demoras judiciales y la falta de garantías ofrecidas— representa una estrategia deliberada para evitar el cumplimiento de un fallo firme. En esa línea, sostienen que ya se encuentran perjudicados por la negativa de Argentina a ejecutar la sentencia, así como por su rechazo a ofrecer garantías en caso de que su apelación no prospere.
El documento también subraya la importancia del interés público. Según los demandantes, mantener en pie la orden de entrega de las acciones refuerza la integridad del sistema judicial de Estados Unidos y aporta previsibilidad a los mercados financieros. Maril lo resumió en redes al señalar que “el interés público favorece rechazar la suspensión”, especialmente en un entorno donde “los inversores dependen del sistema judicial para hacer valer compromisos contractuales y preservar la integridad de los mercados de valores de Estados Unidos”.
En otro apartado, los beneficiarios dejaron en claro que no buscan tomar el control de YPF. Afirmaron que, en el improbable caso de que Argentina gane la apelación, están dispuestos a devolver el paquete accionario bajo condiciones razonables. “Los demandantes no tienen interés en que las acciones se vuelvan irrecuperables en el (improbable) caso de que Argentina tenga éxito en su apelación, ni tienen interés en administrar una petrolera”, aseguraron.
Tras esta presentación, el proceso judicial entra en una etapa decisiva. El próximo paso será el turno del Estado argentino, que planea presentar sus argumentos el 22 de julio para pedir la suspensión de la ejecución. La estrategia oficial intentará persuadir a la Corte de que existen razones suficientes para postergar la entrega de las acciones mientras se resuelve la apelación sobre el fondo del caso.
En este tramo del proceso, el Gobierno de Estados Unidos también tomó posición. El Departamento de Justicia norteamericano presentó casi simultáneamente un escrito amicus curiae en respaldo a la postura argentina.
En ese documento, el gobierno estadounidense se basa en el interés diplomático y en la doctrina de inmunidad soberana establecida por la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA). Según Maril, el Departamento de Justicia argumenta que “no hay indicios de que, al establecer excepciones al FSIA limitadas a la inmunidad sobre bienes ubicados en EEUU, el Congreso haya tenido la intención de eliminar la inmunidad para bienes situados en el extranjero”.
El argumento del Estado argentino —según el gobierno norteamericano— es que, sin una suspensión, podría sufrir un daño irreparable, ya que si cumple con la sentencia y entrega las acciones de YPF, corre el riesgo de perder el control de ese activo. Además, afirman que una suspensión durante la apelación “no perjudicará a los demandantes”, lo que fortalece la posibilidad de que el tribunal acceda al pedido de Argentina.
Sin embargo, los beneficiarios del fallo insisten en que la demora en la entrega de las acciones ya les está causando un daño concreto, y reiteran que aceptarían condiciones razonables para revertir la transferencia si Argentina gana. Consideran que es fundamental preservar la autoridad del sistema judicial estadounidense y dar certeza a derechos que ya fueron reconocidos por sentencia firme.
La Corte de Apelaciones estableció que las próximas etapas del caso incluirán una conferencia para la producción de pruebas y un cronograma de presentaciones escritas. Mientras el expediente sigue abierto a nuevas definiciones, se espera que las decisiones que se tomen en los próximos días tengan impacto directo en los mercados financieros, las relaciones diplomáticas y el cumplimiento efectivo de los fallos contra la Argentina.
