Los imputados por la presunta extorsión contra el soldado Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que se quitó la vida en la Quinta de Olivos mientras cumplía funciones de custodia, continuarán detenidos bajo el régimen de presos de alto riesgo. Así lo resolvió la Cámara Federal del Departamento Judicial de San Martín al rechazar el pedido de inconstitucionalidad impulsado por las defensas.
La resolución fue adoptada luego de que el tribunal desestimara el planteo presentado por los abogados de T.M.F. (23 años), M.J.D.A. (25), I.A.C. (23) y K.Y.C. (25), todos procesados en la causa y próximos a afrontar un juicio oral y público, tras el requerimiento formulado por el fiscal federal N.º 1 de San Isidro, Federico Iuspa.
En su fallo, los jueces Marcelo Darío Fernández y Juan Pablo Salas señalaron que este tipo de recursos solo puede prosperar cuando existe una contradicción manifiesta e insalvable entre la Constitución Nacional y la norma cuya validez se cuestiona.
Los magistrados también consideraron acreditado que tanto el Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva, como el Servicio Penitenciario Federal actuaron dentro de las facultades que les otorga la ley al disponer el alojamiento de personas consideradas de alta peligrosidad, entre ellas los acusados en la causa por la muerte del soldado.
Los delitos que llegarán a juicio
En relación con la investigación, el fiscal solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados como jefes de una asociación ilícita agravada y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, pidió que ambos respondan por el delito de instigación al suicidio de Rodrigo Gómez, figura prevista en el artículo 83 del Código Penal, que contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Por otra parte, requirió que K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M. sean llevados a juicio en calidad de integrantes de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres episodios de extorsión investigados.
La organización investigada
De acuerdo con la acusación fiscal, T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. compartían lugar de detención y, desde allí, habrían organizado la maniobra delictiva. Según la investigación, contaban con la colaboración de sus respectivas parejas y de C.M., quienes se encargaban de recibir y redistribuir el dinero obtenido a través de las extorsiones, permitiendo el funcionamiento de la estructura investigada.
