A solicitud del fiscal Franco Picardi, el juez federal Sebastián Casanello decidió prorrogar por diez días el secreto de sumario en la causa que investiga posibles irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo. En la misma resolución, el magistrado habilitó la incorporación de la ONG Poder Ciudadano como querellante.
Este lunes, la organización había formalizado su pedido ante el Juzgado Federal Nº 11, mediante un escrito firmado por su presidente, Pablo Secchi, junto a los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady. Con esta aceptación, la entidad podrá acceder a la documentación judicial y presentar sus propias acusaciones en paralelo con las del fiscal Picardi.
En el escrito, Poder Ciudadano remarcó que los hechos investigados afectan intereses colectivos y no a una víctima individual, dado que se trata de supuestos hechos de corrupción que impactan en el funcionamiento del Estado y en los recursos públicos. No obstante, la ONG advirtió que, al encontrarse la investigación bajo secreto de sumario, resulta difícil avanzar en mayores precisiones sobre lo ocurrido.
La decisión de Casanello se basó en un criterio similar al adoptado en la causa vinculada al Polo Obrero. El juez valoró los más de 30 años de trayectoria de la fundación, que en 1993 fue designada como Capítulo Argentino de Transparency International, y recordó que ya fue reconocida como querellante en otras causas, como la del dirigente Julio “Chocolate” Rigau en La Plata.
En paralelo, los dueños de la droguería Suizo Argentina presentaron un escrito con el objetivo de frenar la investigación. Alegaron la existencia de “cosa juzgada” en un expediente previo, aunque la jurisprudencia establece que ese principio solo aplica cuando hubo imputación y posterior sobreseimiento, lo que no ocurrió en este caso.
Mientras tanto, la investigación del fiscal Picardi continúa con el análisis de los teléfonos secuestrados, la documentación incautada en Nordelta y la verificación de las compras estatales realizadas a la droguería.
En este marco, fue procesado Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber demorado intencionalmente el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo privado, presuntamente para favorecer a los dueños de la droguería antes de que se concretara el allanamiento.
