La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, fue condenada este lunes a la pena capital por un tribunal especial de Dhaka, que la declaró responsable de crímenes contra la humanidad cometidos durante la represión de una revuelta estudiantil que precipitó su derrocamiento en agosto de 2024. El fallo, anunciado por el juez Golam Mortuza Mozumder ante una sala colmada y transmitido en vivo por la televisión estatal, se conoce a pocas semanas de la primera elección prevista desde su destitución, programada para febrero de 2026.
En el corazón del caso se ubican la gravedad de los delitos atribuidos, el convulso escenario político actual y las repercusiones sociales que el veredicto desató en un país de 170 millones de habitantes.
Hasina permanece prófuga en India desde agosto de 2024, tras huir en helicóptero luego de que manifestantes irrumpieran en su residencia.
Según sostuvo Mozumder durante la audiencia, “todos los elementos constitutivos de crímenes contra la humanidad han sido verificados”. El tribunal la encontró culpable de tres cargos centrales: incitación, orden de asesinato y omisión para impedir atrocidades, por lo que la muerte por ahorcamiento —método vigente en Bangladesh— fue considerada la única sentencia posible.
Junto a la ex mandataria también fue condenado su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, igualmente prófugo y declarado culpable de cuatro cargos dentro del mismo proceso. En tanto, el ex jefe policial Chowdhury Abdullah Al-Mamun, presente en la audiencia y arrepentido, recibió una pena de cinco años de cárcel tras colaborar como testigo estatal.
El juicio, desarrollado a lo largo de varios meses con Hasina ausente y refugiada en territorio indio, estuvo rodeado de tensiones y cuestionamientos. A través de un abogado designado por el Estado y mediante mensajes difundidos desde su escondite, la ex primera ministra calificó la sentencia como “parcial y motivada políticamente”, y aseguró que el resultado “estaba decidido de antemano”. También afirmó, en un nuevo comunicado divulgado este lunes, que tanto ella como Kamal “actuaron de buena fe para reducir el número de víctimas”, insistiendo en que la pérdida de control de la situación no demostraba premeditación.
La represión de julio y agosto de 2024 —que incluyó la toma del palacio presidencial y de otras dependencias oficiales por parte de manifestantes— dejó un saldo devastador.
Un informe de Naciones Unidas publicado en febrero estimó 1.400 fallecidos, mientras que el actual asesor sanitario del gobierno provisional, bajo la administración interina de Muhammad Yunus —Premio Nobel de la Paz—, calculó más de 800 muertos y cerca de 14.000 heridos durante el colapso del gobierno de Hasina.
Tras conocerse el fallo, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata: las zonas aledañas al tribunal fueron cerradas con un fuerte despliegue policial y militar, que incluyó vehículos blindados y miles de agentes. En los días previos, la tensión ya había escalado con al menos 50 ataques incendiarios y explosiones de artefactos caseros dirigidos contra edificios estatales, vehículos y templos cristianos. Dos personas murieron en estos episodios, según reportes locales.
Hasina solo podrá apelar si se entrega o es capturada en los próximos 30 días, un escenario que se considera improbable, ya que India no ha respondido a las solicitudes de extradición enviadas por Daca. El gobierno interino también dispuso la prohibición total del Awami League, el partido de la ex primera ministra, profundizando la crisis institucional. La propia Hasina advirtió que el veto incrementa la inestabilidad en la antesala de las elecciones.
El clima social continúa deteriorándose desde la caída del oficialismo. Con focos de violencia vinculados a la campaña electoral, Yunus prometió que los responsables de los crímenes serán sancionados y ratificó que el Awami League no podrá competir en los próximos comicios. Mientras familiares de las víctimas y militantes del partido proscripto aguardaban la sentencia frente al juzgado, los seguidores de Hasina anunciaron un paro nacional en señal de rechazo al veredicto.
