Cuando Belinda Mercedes Olmedo se presentó ante la Justicia laboral de Mendoza, su caso ya acumulaba antecedentes en distintos expedientes. Policía desde 2005, había denunciado a Provincia ART S.A. por una supuesta lesión sufrida durante un entrenamiento en marzo de 2022. Según su relato, un compañero le pisó el pie durante una práctica, lo que le provocó una caída y posteriores dolores en columna y pierna que, aseguró, la incapacitaron para trabajar.
Sin embargo, la Comisión Médica determinó que Olmedo “no presenta secuelas generadoras de incapacidad laboral como consecuencia del siniestro denunciado”. Esa conclusión contradijo la versión de la demandante y dio origen a una investigación más amplia.
El juez laboral Dante Granados rechazó el reclamo y dejó al descubierto un patrón de demandas repetidas, con omisiones deliberadas y vínculos con accidentes anteriores ya indemnizados. Según el magistrado, Olmedo había cobrado compensaciones previas por lesiones en columna, tobillo y rodilla, e incluso había iniciado otro expediente apenas dos meses después del accidente principal.
Las dudas aumentaron cuando se analizaron las pericias médicas: aparecieron informes antedatados, contradicciones y, sobre todo, pericias firmadas electrónicamente por un médico que, en ese momento, estaba en terapia intensiva.
Se trataba del traumatólogo Yuma Félix, de 34 años, quien el 22 de enero de 2023 fue atropellado por un automóvil sin freno de mano en San Rafael. El accidente le causó lesiones graves y lo mantuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Teodoro J. Schestakow, luego derivado al Hospital Central de Mendoza.
Lo llamativo fue que, entre enero y junio de ese año, Félix “firmó” 34 pericias mientras permanecía internado. Las investigaciones grafológicas comprobaron que las rúbricas habían sido copiadas de forma rudimentaria, con apenas un 30% de coincidencia real. De esos dictámenes, el 79% favorecía a un mismo estudio jurídico, encabezado por las abogadas Maira María Mazzagatti y María Belén Herrero, quienes además representaban a Olmedo.
Junto a la secretaria del médico, Natalia Gallegos, las letradas fueron señaladas como responsables de impulsar reclamos infundados con el fin de obtener indemnizaciones ilegítimas.
De los 34 casos, solo uno fue impugnado por la ART. En el resto, los expedientes siguieron su curso normal. El perjuicio estimado para las aseguradoras rondaba los $119 millones entre diciembre de 2022 y junio de 2023. La fiscalía imputó al trío por falsificación y fraude, tras descubrir que habían iniciado más de 250 juicios adicionales entre 2023 y 2025, con un costo potencial superior a $2.200 millones.
El fiscal Javier Giaroli explicó que se comprobó cómo el perito seguía “presentando pericias y solicitudes de pago durante enero, cuando era físicamente imposible que pudiera hacerlo”. Por eso, abrió una causa por falsificación de instrumento público, solicitó copias de todas las causas laborales y detectó un patrón repetido: mismo perito, mismos abogados y escritos con redacción similar, lo que alimentó la sospecha de usurpación de identidad.
Sin embargo, el 17 de junio de 2025 la causa dio un giro. El juez de Garantías Jorge Fonseca ordenó archivar el expediente y anular todas las actuaciones del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Andrea Rossi concluyó que no existía delito, pidió la devolución de los elementos secuestrados y que se eliminaran los antecedentes de las profesionales investigadas.
Pese a ese desenlace judicial, el caso desató un fuerte debate en el ámbito laboral. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) alertó que el sistema enfrenta “una crisis sin precedentes” debido a la desregulación en las pericias judiciales.
“La actuación de los peritos, en incumplimiento de la Ley 27.348, está haciendo colapsar al sistema y atentando contra el empleo formal”, advirtió la presidenta de la entidad, Mara Bettiol. Según la UART, los peritos judiciales, externos al sistema, fijan grados de incapacidad según criterios propios, generando disparidades con las evaluaciones de las Comisiones Médicas.
Los datos oficiales revelan que nueve de cada diez juicios laborales corresponden a casos sin incapacidad o sin relación con el trabajo. Aun así, los jueces suelen convalidar las pericias, aplicando tasas de interés que vuelven impagables las indemnizaciones.
La UART también cuestionó el proceso de designación de peritos, que solo requiere figurar en una lista y ser sorteado, con honorarios que dependen del monto de la indemnización. Este esquema, señalaron, “incentiva la judicialidad y eleva los costos laborales”.
Argentina, según el informe, tiene una tasa de litigiosidad 15 veces mayor que España y 21 veces superior a la de Chile, a pesar de que su nivel de accidentabilidad es similar. Mientras los accidentes bajaron un 55% y las muertes laborales un 80%, los juicios siguen en aumento, con una proyección de más de 130.000 causas para 2025.
La entidad reclamó la creación de los Cuerpos Médicos Forenses previstos por ley, con peritos concursados, parámetros unificados y sueldos fijos desvinculados del monto del juicio. Según la UART, su implementación permitiría “reencauzar un sistema que fue exitoso en prevención y cobertura, pero que hoy está al borde del colapso”.
