El Senado de la Nación sancionó este jueves dos proyectos de relevancia legislativa: el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Ambas iniciativas consiguieron el respaldo necesario en el recinto, aunque con diferentes niveles de acompañamiento político.
El convenio internacional obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos. Se trata de un acuerdo que Argentina firmó durante el siglo pasado y que ya había recibido la aprobación del Senado en 1998. Sin embargo, en agosto de este año, la Cámara de Diputados introdujo modificaciones y dejó reservado uno de sus capítulos, por lo que el expediente regresó a la Cámara alta para una segunda revisión.
Por otra parte, los legisladores aprobaron la nueva normativa sobre propiedad privada con 42 votos a favor y 26 en contra. El texto recupera disposiciones de la legislación sancionada en 2011 durante el kirchnerismo, entre ellas un límite del 15% para la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras, un máximo del 30% por nacionalidad y la restricción de 1.000 hectáreas en zonas consideradas núcleo.
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
La adhesión argentina al PCT constituye uno de los compromisos incluidos en el entendimiento comercial firmado con Estados Unidos. También forma parte de las obligaciones asumidas en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre el bloque sudamericano y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Durante el tratamiento en Diputados, el Gobierno buscó avanzar con rapidez sobre el texto original. No obstante, encontró resistencia por parte de los laboratorios nacionales. Antes de que el proyecto llegara al recinto, se resolvió dejar en reserva el capítulo II, que contempla la posibilidad de que una patente registrada tenga reconocimiento durante 20 años en todos los países integrantes del sistema.
La discusión estuvo atravesada por las advertencias de representantes de la industria farmacéutica local. Desde ese sector señalaron los posibles riesgos de una práctica conocida como evergreening o reverdecimiento, utilizada por algunos laboratorios multinacionales.
Según las objeciones planteadas, el mecanismo de examen preliminar internacional contemplado en el capítulo II podría facilitar modificaciones menores o secundarias sobre medicamentos que ya se encuentran en el mercado. Esos cambios, que no necesariamente representarían avances terapéuticos concretos, podrían utilizarse para prolongar artificialmente la exclusividad comercial de determinados productos y limitar la competencia.
Otra de las preocupaciones expresadas estuvo relacionada con las atribuciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Los cuestionamientos apuntaron a una posible pérdida de autonomía del organismo argentino, debido a que los informes y evaluaciones preliminares elaborados por oficinas extranjeras de patentes o agencias internacionales podrían condicionar sus decisiones.
Al defender la iniciativa, el senador libertario Francisco Paoltroni, representante de Formosa y titular de la comisión de Relaciones Exteriores, explicó los alcances del acuerdo. Como miembro informante, sostuvo que el tratado permitiría simplificar los procedimientos para registrar y proteger invenciones en distintos países.
En ese sentido, destacó que una pequeña y mediana empresa o una startup tecnológica podría gestionar la protección de su propiedad intelectual a escala internacional mediante una única solicitud, sin tener que iniciar trámites independientes en cada jurisdicción.

Durante el debate también expusieron sus posiciones otros integrantes de la Cámara alta. Guillermo Andrada, senador de Catamarca e integrante del bloque Convicción Federal, consideró que la adhesión facilitaría el trabajo de los investigadores y reduciría la cantidad de gestiones necesarias para registrar sus desarrollos.
El legislador remarcó que el sistema permitiría acceder a una ventanilla única para proyectar las patentes argentinas hacia el exterior. Al mismo tiempo, aseguró que el país conservaría la potestad de determinar si una invención reúne las condiciones necesarias para obtener protección.
En una línea favorable al proyecto se expresó Flavia Royón, senadora por Salta y referente del peronismo disidente. La legisladora puso el foco en la posibilidad de que una presentación realizada ante el INPI permita solicitar protección para una invención en los 159 países que integran el sistema internacional.
Para Royón, esta herramienta representaría un avance para el desarrollo científico y tecnológico argentino, al facilitar la circulación y protección internacional de los conocimientos y las innovaciones producidas en el país.
Una mirada diferente planteó José Mayans, jefe del bloque kirchnerista. Durante su intervención, el senador incorporó cuestionamientos vinculados con la política comercial del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, podría tener el entendimiento con Estados Unidos.
Mayans sostuvo que, como parte de ese acuerdo comercial, que todavía no fue tratado por el Congreso, Argentina reduciría aranceles para 233 productos y asumiría compromisos relacionados con tierras raras y con los intereses de las empresas farmacéuticas estadounidenses.
La ley de propiedad privada: límites a la compra de tierras por extranjeros
El segundo proyecto aprobado por el Senado recupera las restricciones establecidas en la normativa de 2011 respecto de la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.

La legislación fija un límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras, establece que las personas de una misma nacionalidad no podrán superar el 30% de ese porcentaje y mantiene un máximo de 1.000 hectáreas en las denominadas zonas núcleo.
La iniciativa también introduce disposiciones vinculadas con los procedimientos de expropiación. El articulado contempla que podrán ser objeto de estas medidas los bienes considerados convenientes o necesarios para satisfacer una finalidad de utilidad pública, independientemente de su naturaleza jurídica o de si pertenecen al dominio público o privado.
Sin embargo, el texto establece condiciones específicas para justificar una expropiación. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar de forma precisa y concreta el objetivo que se pretende alcanzar.
Además, la medida deberá demostrar que resulta adecuada, necesaria y proporcional para cumplir con esa finalidad. De esta manera, se incorporan criterios que buscan delimitar las condiciones bajo las cuales el Estado podrá avanzar sobre bienes particulares.
En cuanto a las compensaciones económicas, la ley determina que la indemnización deberá contemplar el valor objetivo del inmueble, tomando como referencia su precio de mercado cuando pueda establecerse, además de los perjuicios que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
El texto también establece qué conceptos no podrán incluirse en el cálculo. Quedarán excluidas las circunstancias personales del propietario, los valores afectivos, las ganancias hipotéticas y el incremento de valor que pudiera generar sobre el bien el proyecto que motivó la expropiación.
La normativa contempla, además, la posibilidad de incorporar el lucro cesante dentro de la indemnización. Para ello, deberá tratarse de una consecuencia directa e inmediata de la medida y tendrá que acreditarse mediante pruebas objetivas, concretas y suficientes.
Ese reconocimiento estará sujeto a que no exista una duplicación de conceptos indemnizatorios ni que el perjuicio ya se encuentre contemplado dentro del valor objetivo del inmueble. Como regla general, el monto por este concepto no podrá superar el equivalente al 30% del valor del daño emergente, salvo que el propietario afectado demuestre de manera fehaciente que sufrió un perjuicio mayor.
Qué establece sobre los ocupantes de inmuebles y la vivienda única
Otro apartado de la ley contempla beneficios para determinados ocupantes de propiedades que puedan acreditar una posesión prolongada y legítima.
El régimen alcanzará a quienes demuestren haber mantenido durante al menos diez años una ocupación pacífica, pública y continua, con una causa lícita, antes de solicitar su incorporación al sistema previsto por la normativa.
La disposición comprende inmuebles urbanos edificados y aquellos que las autoridades de aplicación locales determinen como tales. También establece una condición central: las propiedades deberán tener como destino principal la vivienda única y permanente, además de cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación correspondiente.
Nuevas condiciones para los desalojos por falta de pago
La legislación incorpora modificaciones al procedimiento de desalojo, especialmente cuando se trata de inmuebles destinados a vivienda y existen alquileres impagos.
En esos casos, antes de iniciar una demanda judicial, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino para que cancele la deuda. La notificación tendrá que otorgar un plazo mínimo de diez días corridos, contados desde su recepción, e indicar el lugar en el que deberá realizarse el pago.
Este punto generó preocupación en algunos sectores legislativos durante el tratamiento del proyecto en ambas cámaras.
El articulado también determina que la intimación podrá enviarse al domicilio que el inquilino haya declarado en el contrato, ya sea físico o electrónico. La comunicación será considerada válida incluso cuando el destinatario se niegue a recibirla o cuando no pueda concretarse por razones que le sean atribuibles.
Una vez vencido el plazo establecido o comprobada la finalización del contrato de alquiler por cualquier motivo, el locatario tendrá la obligación de devolver la tenencia del inmueble.
Si no cumple con esa obligación, el propietario podrá recurrir a la Justicia para solicitar el desalojo. La ley dispone que el proceso deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve que contemple la legislación vigente.
Asimismo, establece que el locador no podrá rechazar la entrega de las llaves ni imponer condiciones para recibirlas. Esto no impedirá que pueda dejar asentados los reclamos correspondientes por obligaciones que todavía se encuentren pendientes a cargo del inquilino.
Los cuestionamientos de Mayans al proyecto
El debate sobre la ley de propiedad privada fue más breve que el tratamiento de la iniciativa sobre discapacidad, que también formó parte de la agenda legislativa de la jornada.
Durante su intervención, José Mayans volvió a cuestionar las reformas impulsadas por el oficialismo y apuntó directamente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El senador calificó el proceso de modificaciones normativas como un «desastre legislativo» y cuestionó el rumbo de las medidas promovidas por el Gobierno nacional.
Con la votación de ambas iniciativas, el Senado completó el tratamiento de dos proyectos que abarcan cuestiones diferentes: por un lado, la protección internacional de patentes y los derechos vinculados con la innovación; por otro, las condiciones de acceso a la propiedad privada, los límites a la titularidad extranjera de tierras y las reglas para las expropiaciones y los desalojos.
