El Senado de la Nación sancionó este jueves la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que establece un régimen permanente para el sector y garantiza la continuidad de los principales beneficios contemplados en la normativa de emergencia, cuyo vencimiento estaba previsto para fines de diciembre. El proyecto consiguió el respaldo unánime de los 71 legisladores presentes, sin votos negativos.

La aprobación representó un cambio de posición del oficialismo, que un año atrás había rechazado la ley de emergencia en discapacidad y posteriormente había vetado la iniciativa. En esta oportunidad, el Gobierno aceptó sostener prácticamente todo el esquema de prestaciones y derechos que reclamaban las organizaciones del sector y que había sido incorporado durante el tratamiento en la Cámara de Diputados.
El acuerdo también llegó después de varios meses de reclamos de familiares, instituciones y colectivos de discapacidad, que exigieron respuestas frente a las dificultades económicas y la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios. En ese contexto, también tuvo repercusión el respaldo del papa León XIV a las demandas de las personas con discapacidad.
La sesión había comenzado pasadas las 11 y contempló el tratamiento de distintos proyectos, entre ellos la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín, además de otras iniciativas legislativas.
Antes de ingresar en la discusión sobre discapacidad, el cuerpo dio entrada formal a una serie de pliegos para cubrir cargos judiciales y aprobó el ascenso al grado inmediato superior del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar.
Su promoción obtuvo 59 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. Los votos en contra correspondieron a Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés, integrantes del espacio Convicción Federal. La abstención fue de la senadora salteña Flavia Royón.
Durante la jornada también se aprobaron distintas mociones para otorgar tratamiento preferencial a proyectos que serán considerados en la última sesión del período, prevista para el 26 de noviembre. Entre los asuntos incluidos figuró la prórroga del Estatuto del Periodista.
Los argumentos durante el debate por la nueva ley
Al comenzar el tratamiento del proyecto de discapacidad, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de avanzar con una legislación permanente en lugar de extender la emergencia por otro año, como reclamaban distintas organizaciones.
El senador sostuvo que la salida de la emergencia requería establecer condiciones estables que permitieran dar previsibilidad a las personas beneficiarias y a quienes brindan los servicios. En ese sentido, explicó que la propuesta garantizaba la continuidad de las prestaciones, las pensiones, las coberturas de salud y la posibilidad de compatibilizar el beneficio con una actividad laboral.

Desde la oposición, la exgobernadora de Santa Cruz y senadora peronista Alicia Kirchner consideró que la sanción representaba un avance, aunque advirtió que la aprobación legislativa no reparaba automáticamente los derechos afectados.
La legisladora planteó que la nueva norma constituía un punto de partida y no una solución definitiva para los problemas que atravesaba el sector. También manifestó su preocupación por la capacidad operativa de los organismos encargados de implementar las medidas.
En esa línea, mencionó que actualmente existían 427 centros para atender las demandas en todo el país y cuestionó si esa estructura resultaba suficiente. Además, señaló que el 42,9% de esos establecimientos se encontraba en la provincia de Buenos Aires.
Otra de las intervenciones fue la de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, quien cuestionó las políticas del presidente Javier Milei hacia las personas con discapacidad. Afirmó que la ley había avanzado como consecuencia de la movilización de los colectivos y de la ciudadanía para reclamar por sus derechos.
Corpacci reconoció que el texto todavía tenía aspectos por mejorar, pero destacó que permitía conservar las garantías existentes. Sin embargo, advirtió que la modificación del presupuesto resultaba indispensable para que las disposiciones pudieran cumplirse efectivamente.
También sostuvo que la aprobación evitaría que las personas con discapacidad quedaran completamente desprotegidas ante el vencimiento de la legislación de emergencia, aunque remarcó que muchas familias ya atravesaban situaciones de vulnerabilidad.
Por su parte, la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez defendió la iniciativa y destacó que establecía reglas claras para el funcionamiento del sistema.
La representante de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, puso el foco en la necesidad de mejorar la utilización de los recursos y acompañar a las administraciones provinciales. Según expresó, garantizar los servicios destinados a las familias con integrantes con discapacidad también significaba proteger derechos adquiridos.
En tanto, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, destacó la importancia de abandonar un esquema sujeto a prórrogas y emergencias. El legislador consideró que la dignidad de las personas con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no podían depender de una normativa que tenía fecha de vencimiento el 31 de diciembre.
El senador radical Maximiliano Abad también reclamó políticas públicas sostenidas y recordó las dificultades que habían atravesado profesionales, instituciones y familias durante los últimos años.
En particular, mencionó los aranceles profesionales que permanecieron congelados, las demoras de varios meses en los pagos, las instituciones que enfrentaron problemas económicos y la incertidumbre de quienes necesitaban garantizar la continuidad de tratamientos.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la sanción como resultado de un acuerdo político y social. También consideró que las prestaciones contempladas en la nueva normativa presentaban condiciones más adecuadas que las establecidas en anteriores leyes de emergencia.
La senadora reconoció las dificultades registradas durante los últimos dos años, las falencias en los mecanismos de auditoría y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas. En su intervención, sostuvo que la nueva legislación buscaba dar una respuesta a esos problemas mediante un marco de mayor certeza.

Además, destacó que uno de los principales cambios respecto de las normas de emergencia consistía en establecer de dónde surgirían los recursos necesarios para financiar las prestaciones.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios contemplado en la Ley 27.793, pero elimina su carácter transitorio y de emergencia.
De esta manera, sus disposiciones pasan a integrar un régimen permanente y de orden público, con el objetivo de garantizar su continuidad independientemente de los cambios de gobierno.
Uno de los puntos centrales es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) se mantiene como instrumento principal para acreditar la condición y acceder al beneficio.
La normativa también conserva la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el desarrollo de una actividad laboral formal. Esto significa que las personas titulares del CUD podrán mantener el beneficio aunque tengan un empleo registrado o estén inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Otro aspecto fundamental es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado. La ley mantiene, además, la actualización automática y periódica de los valores que reciben los prestadores, de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En materia sanitaria, se garantiza el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 mediante el programa federal Incluir Salud. La cobertura alcanza a las personas que perciben pensiones no contributivas por discapacidad o invalidez laboral.
La legislación también incorpora disposiciones específicas para asegurar el financiamiento del sistema. En ese sentido, establece que las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a estas prestaciones no podrán ser inferiores, en términos reales, a las correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
Además, contempla la posibilidad de recurrir a compensaciones del Tesoro nacional cuando los fondos asignados resulten insuficientes para cubrir las necesidades del sistema. También dispone que el ingreso por beneficiario deberá conservar su poder adquisitivo respecto del año anterior.
Auditorías y controles sobre las prestaciones
La nueva legislación incorpora mecanismos de fiscalización periódica para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso a los beneficios.
Las auditorías estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad y contemplarán el intercambio de información entre distintos organismos públicos, entre ellos la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
El objetivo será mejorar los controles y detectar posibles irregularidades mediante el cruce de datos. La norma también habilita la suspensión preventiva de un beneficio cuando se compruebe un incumplimiento objetivo.
Sin embargo, ese procedimiento deberá respetar el denominado debido proceso inclusivo, que contempla la notificación correspondiente a la persona involucrada y la posibilidad de una rehabilitación provisoria del beneficio mientras se resuelve la situación.
Durante el debate, varios senadores coincidieron en la importancia de que las auditorías permitan controlar el funcionamiento del sistema sin perjudicar a quienes necesitan las prestaciones para sostener sus tratamientos y condiciones de vida.
Deudas con prestadores y reglamentación de la ley
Otro de los puntos incorporados durante el tratamiento legislativo responde a los reclamos de profesionales e instituciones que denunciaron atrasos en los pagos.
La norma establece que, si al momento de su sanción existieran deudas pendientes con los prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días.
Además, fija un plazo máximo de 90 días para completar los pagos adeudados, con el propósito de dar respuesta a una de las principales dificultades económicas que atraviesa el sistema de atención.
La cláusula transitoria también establece que el Gobierno deberá reglamentar la legislación dentro de los 30 días posteriores a su sanción. Esa instancia será determinante para definir los mecanismos concretos de aplicación de las disposiciones aprobadas por el Congreso.
La reglamentación quedará en manos del Poder Ejecutivo, que tendrá la posibilidad de introducir vetos parciales o totales dentro de sus atribuciones constitucionales.
Los cuestionamientos y las posiciones políticas en el cierre
En el tramo final de la sesión, el senador Martín Goerling Lara volvió a poner el foco en la situación de las familias y sostuvo que la dignidad de las personas con discapacidad no podía quedar condicionada por el vencimiento de una emergencia.

También mencionó la situación de Misiones, donde, según datos oficiales citados durante su exposición, casi el 6% de la población cobraba una pensión por invalidez, más del doble del promedio nacional.
El legislador cuestionó, además, el funcionamiento del Frente Renovador en esa provincia, al que acusó de sostener una estructura clientelar. Como ejemplo, mencionó un municipio en el que los certificados de discapacidad alcanzarían cerca del 19% de la población, una proporción que ubicó siete veces por encima de la media nacional.
Desde el kirchnerismo, Juliana Di Tullio respondió con críticas a la política de auditorías implementada por el Gobierno nacional. La senadora bonaerense afirmó que, desde el inicio de la gestión de Milei, se había convocado a auditoría al 91% del universo de beneficiarios y que solamente se habían suspendido 141 pensiones.
También rechazó las acusaciones de irregularidades generalizadas contra las personas con discapacidad y cuestionó la deuda que, según indicó, el Estado mantenía con los prestadores, que estimó en cerca de 80.000 millones de pesos.
Di Tullio cerró su intervención con fuertes críticas al funcionamiento de la administración nacional y calificó al Estado como inútil o cruel, o ambas cosas.
La última intervención estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien reconoció que detrás de la discusión legislativa existían familias que habían atravesado situaciones difíciles, aunque también señaló que se habían detectado casos de falsedad.
La titular del bloque libertario destacó la importancia del acuerdo alcanzado y cuestionó el nivel de violencia presente en las discusiones políticas. También consideró que el nuevo régimen establecía condiciones más adecuadas que las anteriores respuestas de emergencia y reconoció que tanto el oficialismo como la oposición habían tenido parte de razón durante el conflicto.
Con 71 votos afirmativos, el Senado cerró así el tratamiento de una iniciativa que permitirá dejar atrás el régimen de emergencia y establecer un marco permanente para las prestaciones, pensiones y servicios destinados a las personas con discapacidad.
La aplicación efectiva de la ley dependerá ahora de su reglamentación, la asignación de los recursos presupuestarios y el cumplimiento de los plazos establecidos para regularizar las deudas con los prestadores.
