En una conferencia desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni informó este martes que el Gobierno nacional implementará una profunda reforma migratoria. La medida, que será oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en los próximos días, busca modificar sustancialmente las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en Argentina.
Según lo detallado por Adorni, el nuevo régimen prevé mayores exigencias para obtener la residencia legal en el país, y establece mecanismos más ágiles para la expulsión de personas extranjeras, especialmente aquellas que hayan sido condenadas por delitos, sin importar la gravedad de la pena. “Argentina ha sido históricamente permisiva con los ingresos irregulares, eso se terminó”, afirmó el vocero, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y otros funcionarios.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la prohibición de ingreso para cualquier extranjero con antecedentes penales, así como la posibilidad de deportar a quienes cometan delitos en el territorio argentino, incluso aquellos con condenas menores a cinco años. Aún no se dieron detalles sobre los procedimientos ni los plazos de ejecución.
Además, se introducirá un sistema de arancelamiento para ciertos servicios públicos. Los extranjeros con residencia transitoria, temporaria o en situación irregular deberán pagar por la atención médica y presentar un seguro de salud al momento de ingresar al país. Las universidades nacionales también podrán, si lo desean, establecer aranceles para alumnos sin residencia permanente, aunque esta medida no alcanzará a la educación obligatoria.
El presidente Javier Milei ya había anticipado este giro en su discurso de apertura de sesiones legislativas el 1° de marzo, al argumentar que “la Argentina no puede ser un centro de beneficios financiado por el bolsillo de los argentinos”. El Gobierno justifica el cambio en el elevado costo que representa la atención de extranjeros: según cifras oficiales, solo el sistema de salud absorbió $114.000 millones en ese concepto.
Esta reforma también busca reinstalar elementos del derogado DNU 70/2017, impulsado durante la gestión de Mauricio Macri y anulado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández. Aquel decreto había sido declarado inconstitucional por la justicia por violar estándares internacionales en materia de derechos humanos y limitar el debido proceso para personas migrantes.
Actualmente, el 6% de la población carcelaria en Argentina es extranjera, de acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) al cierre de 2023. De ellos, la mayoría proviene de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Perú. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, las personas extranjeras representan el 16% de los detenidos.
Desde el oficialismo aseguran que esta reforma es parte de una estrategia para ordenar el sistema migratorio y reducir el impacto fiscal. Pero desde sectores opositores y organizaciones de derechos humanos ya anticipan cuestionamientos legales, al considerar que los cambios vulneran garantías fundamentales y podrían reeditar un debate judicial similar al de 2017.
