La Corte Suprema de Justicia resolvió reabrir una investigación contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una inspectora municipal durante un procedimiento llevado adelante en la ciudad entrerriana de Concordia en noviembre de 2020, cuando regían las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19.
Con esta decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto el sobreseimiento que beneficiaba al imputado y habilitó la continuidad de la causa por el presunto abuso sexual ocurrido en esa localidad de Entre Ríos.
De acuerdo con el expediente judicial, durante la madrugada del 2 de noviembre de 2020 personal municipal y efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada sobre la calle Güemes luego de recibir denuncias que alertaban sobre la realización de una presunta fiesta clandestina. Tras una primera inspección sin obtener respuesta, los agentes regresaron al lugar cuando se abrió la puerta para permitir el ingreso de un repartidor de bebidas. En ese momento, las inspectoras notificaron a los ocupantes acerca de las sanciones previstas por incumplir las restricciones vigentes.
Según consta en la causa, mientras una de las agentes explicaba la situación a una mujer, un hombre la sujetó desde atrás, introdujo una mano por debajo de su remera y le tocó los pechos, al mismo tiempo que le dirigía insultos y expresiones agraviantes. Luego de lo ocurrido, el acusado y otra persona que lo acompañaba volvieron a ingresar a la vivienda y se negaron a salir sin una orden judicial.
Tras el episodio, la inspectora presentó una denuncia por abuso sexual simple contra Juan Katich. El acusado fue citado a declaración indagatoria y su defensa solicitó el sobreseimiento. Sin embargo, ese pedido fue rechazado en primera instancia y posteriormente confirmado por distintos tribunales provinciales.
No obstante, en marzo de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos declaró la nulidad de las actuaciones y consideró extinguida la facultad investigadora de la fiscalía debido al vencimiento de los plazos procesales, decisión que derivó en el sobreseimiento del imputado.
Frente a esa resolución, la fiscalía presentó un recurso extraordinario que fue admitido por la Corte Suprema. Al analizar el caso, el máximo tribunal recordó su jurisprudencia previa y sostuvo que las provincias no tienen facultades para establecer plazos máximos de investigación ni para crear causales de extinción de la acción penal distintas de las previstas en el Código Penal de la Nación.
A partir de ese criterio, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo dictado por la justicia entrerriana y ordenó que continúe la investigación sobre el presunto abuso sexual denunciado por la inspectora municipal durante aquel operativo realizado en el contexto de las restricciones sanitarias de la pandemia.
