Como se preveía, la jueza estadounidense Loretta Preska, al frente del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió un nuevo fallo en contra de la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF en 2012.
Este lunes, Preska rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la transferencia de acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigar contra el país. La magistrada no impuso condiciones y utilizó términos duros en su resolución.
En su escrito, la jueza argumentó que Argentina no cumplió con los requisitos que previamente le permitieron acceder a una suspensión sin garantía del fallo emitido en septiembre de 2023. Además, señaló que el país intentó “eludir sus obligaciones” mediante tácticas dilatorias.
“El supuesto daño irreparable que alega la República se deriva directamente de sus propias acciones al demorar e intentar evitar el cumplimiento de la sentencia”, escribió Preska.
A pesar del revés judicial, Argentina ya había apelado la decisión y se prepara para reforzar esa presentación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. No se descarta que, en caso de ser necesario, el Gobierno acuda a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La posibilidad de que la jueza declare el desacato solo se activaría si los demandantes lo solicitan. De todos modos, distintos analistas consideran que el escenario actual es mucho más delicado que en 2014, cuando el país ya había sido declarado en desacato mientras se encontraba en default.
“El impacto hoy sería diferente. No es debilidad negociar, todo lo contrario. Hay que mostrar que se busca resolver el problema”, opinó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, quien sigue el caso desde sus inicios.
Cabe recordar que en 2023 Preska condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones a Burford Capital. Mientras tanto, esa sentencia se encuentra apelada, pero sigue firme. El reclamo de Burford por cobrar continúa, y la jueza quiere que eso suceda, por eso ordenó la entrega de acciones.
Este expediente avanza por un carril paralelo al de la apelación principal, y según especialistas como Sebastián Soler —ex viceprocurador del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández—, la Cámara aún no fijó fecha de audiencia, por lo que no se espera una resolución antes de 2026.
Soler incluso remarcó en redes sociales que hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que la orden de Preska sobre la entrega de acciones “no es válida”. Sin embargo, la jueza reafirmó su postura y negó suspender los efectos de esa decisión mientras se espera la respuesta de la Cámara.
En simultáneo, este martes 15 de julio a las 10:00 (hora local), se realizará una audiencia en la sala 12A del tribunal de Nueva York. Fue convocada por Preska a pedido de los demandantes, quienes buscan avanzar en embargos contra entidades estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, consideradas posibles alter ego del Estado argentino.
Según Maril, esa audiencia busca destrabar el acceso a información que permita seguir el rastro de activos susceptibles de embargo. En este complejo escenario judicial, el Gobierno apuesta a ganar tiempo y preservar margen para una eventual negociación.
