El presidente Javier Milei presentó el nuevo proyecto de reforma del Código Penal que será enviado al Congreso de la Nación. Durante el acto, realizado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición. Y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga. Y eso es lo que vinimos a hacer en el día de hoy”, sostuvo el mandatario en su discurso.
Milei remarcó además que “hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponden, que los juicios se hagan rápido y que los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.
En otro tramo, aseguró: “La sociedad me pidió terminar con el flagelo de la inseguridad. Dentro de la ley terminamos con los piquetes, fuimos contra el narcotráfico, reequipamos a las fuerzas y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional”. Y agregó: “Para que la gente esté de nuevo segura, necesitamos cambiar el sistema de fondos, porque años de garantismo se encargaron de atarles las manos a las fuerzas, jueces y fiscales, mientras le daban vía libre a los delincuentes”.
El presidente advirtió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio. Y los argentinos van a vivir en una sociedad más segura”. De cara a las elecciones del 26 de octubre, señaló: “Que se implementen o no, depende del Congreso de la Nación y de quienes estén sentados en las butacas, tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas. El país necesita diputados y senadores que comprendan esto. Si aprobamos esta reforma, la seguridad va a cambiar en serio”.
Qué dice el proyecto del nuevo Código Penal
La iniciativa impulsada por el Gobierno establece un marco de tolerancia cero frente al delito. Plantea endurecer las penas, eliminar beneficios para condenados y agilizar los procedimientos judiciales mediante la adopción del sistema acusatorio.
Entre los puntos centrales se incluyen:
- Homicidio simple: de 8-25 años a 10-30 años de prisión.
- Homicidio agravado: mantiene la perpetua e incorpora agravantes como víctimas menores, adultos mayores, funcionarios y crímenes en lugares concurridos.
- Lesiones leves: de 1 mes-1 año a 1-3 años.
- Lesiones por conducción imprudente: de 2-6 años en su forma simple y 3-6 años en la agravada.
- Abuso de armas: disparar sin herir hasta 6 años; agresión sin herida, de 1 a 3 años.
- Omisión de auxilio: de multa a 1-6 años; agravada a 2-8 años en casos con menores o mayores de 65 años.
- Injurias: de multa a 1-3 años y, en su forma agravada, hasta 6 años.
- Pornografía infantil: de 3-6 años a 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4 años.
- Posesión con fines de distribución: de 6 meses-2 años a 3-12 años.
- Privación ilegal de la libertad: de 6 meses-3 años a 1-4 años.
- Trata de personas: de 8 a 10 años; modalidad agravada, de 6 a 15 años.
- Amenazas: hasta 8 años si median armas o anonimato y hasta 10 si buscan forzar conductas.
- Hurto: de 1 mes-2 años a 1-3 años.
- Robo: el simple pasa a 3-8 años; con violencia hasta 10 años, con figuras especiales para robos callejeros y “motochorros”.
- Estafa: de 1 mes-6 años a 1-8 años y multa.
- Usurpación: de 6 meses-3 años a 3-10 años, con agravada hasta 12 años.
- Agresiones en manifestaciones: de 2-5 años; contra fuerzas o funcionarios, de 3-9 años.
- Tenencia y portación de armas: con incrementos y multas más altas.
- Falso testimonio y cohecho: con sanciones más severas y agravantes para altos cargos.
El texto también plantea bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, argumentando que los adolescentes tienen comprensión de la criminalidad de sus actos y que la legislación actual favorece su captación por bandas criminales.
Por último, el proyecto establece la implementación obligatoria del sistema acusatorio, en reemplazo del modelo inquisitivo. Este esquema dará al fiscal la función de investigar y acusar, al imputado la posibilidad de una defensa plena y al juez el rol de árbitro imparcial.
