El empresario teatral Aldo Funes quedó bajo una inhibición general de sus bienes en el marco de la causa en la que se encontraba procesado por presunto abuso sexual contra una joven que tenía 15 años cuando habrían ocurrido los hechos. La medida fue dispuesta luego de que se incumpliera un embargo establecido por $10 millones.
La medida económica había alcanzado tanto al empresario como a Sandra Verónica Carpena, madre de la denunciante, pero ninguno de los dos cumplió con el pago correspondiente. Ante esa situación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 resolvió avanzar con la inhibición general de bienes de Funes.
La decisión judicial quedó expresada en una resolución en la que se indicó que, al no haberse presentado bienes o dinero para hacer efectivo el embargo pese a la intimación realizada previamente, correspondía disponer la medida contra el empresario.
El expediente señaló: “No habiendo ofrecido bienes y/o dinero a embargo, pese haber sido intimado al efecto en el principal, decrétese la inhibición general de bienes de Aldo Funes Tondino, empresario”.
Aldo Funes será juzgado por el Tribunal Oral 11
En paralelo a la medida económica, la causa contra el empresario teatral continuó su avance hacia la instancia de juicio oral. El abogado que representa a la joven denunciante, Héctor Koffman, indicó que se encontraban a la espera de que el tribunal proveyera la prueba y estableciera una fecha para la audiencia de debate.
La situación procesal de Funes había tenido un nuevo avance luego de que se conociera que sería juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11.
El pasado 16 de julio se había confirmado la elevación de la causa a juicio, después de que fuera ratificada la decisión judicial que había sido apelada.
En esta nueva etapa del proceso, el fiscal que intervendrá será Nicolás Amelotti, mientras que los jueces que estarán a cargo del debate se conocerán cuando el tribunal realice el primer despacho.
Funes había quedado procesado como presunto autor de tres hechos de abuso sexual agravado con acceso carnal, que según la acusación se habrían cometido mediante violencia y amenazas, además de un contexto de abuso coactivo e intimidatorio derivado de una relación de dependencia.
Por otra parte, la resolución judicial también había ratificado el procesamiento de Sandra Verónica Carpena, madre de la joven denunciante, como presunta partícipe necesaria de los hechos investigados.
La Justicia, además, había decidido mantener el embargo que pesaba sobre Carpena dentro de la causa, mientras que la falta de cumplimiento de la medida económica por parte de Funes derivó en la reciente inhibición general de sus bienes.
