El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 25 integrantes de una organización delictiva que había utilizado estructuras policiales y judiciales para extorsionar a personas investigadas por narcotráfico, manipular procedimientos y apropiarse de droga destinada posteriormente a la comercialización. Entre los condenados hubo 19 expolicías bonaerenses y seis civiles, con penas que llegaron hasta los 17 años de prisión.
El fallo fue dictado luego de casi dos años de debate oral y expuso el funcionamiento de una estructura que había actuado desde las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Según se estableció durante el juicio, los integrantes de la organización habían utilizado recursos estatales para intervenir en el mercado ilegal de estupefacientes y elegir de manera arbitraria a las personas que quedaban bajo investigación penal.
Uno de los hechos principales analizados durante el proceso fue el denominado operativo “Leones blancos”, ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta ubicada en el partido de Moreno y perteneciente al clan Loza. En ese procedimiento, los policías habían simulado el hallazgo y secuestro de casi media tonelada de cocaína a partir de una supuesta denuncia anónima. Al mismo tiempo, se habían apoderado de otra cantidad similar de droga que estaba dentro de un vehículo perteneciente a la organización criminal.
El cargamento que había sido sustraído durante aquella maniobra fue valuado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares. Posteriormente, la droga había sido trasladada hasta Santa Clara del Mar, desde donde estaba previsto distribuirla en distintos puntos de la costa atlántica y también introducirla en un circuito internacional mediante envases termosellados.
A raíz de ese episodio, el tribunal impuso las sanciones más severas a integrantes de la conducción de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron las penas más altas, luego de ser considerados coautores de delitos que incluyeron el uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
Las condenas también alcanzaron a otros integrantes de esa dependencia policial. Entre ellos estuvieron los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, quienes recibieron penas de 14 años y seis meses de prisión. También fue condenada la sargenta Tamara Silvina Machuca, quien recibió 11 años de cárcel.
La investigación había permitido, además, detectar un mecanismo que se habría repetido en otras causas relacionadas, identificadas como “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán”. En esos expedientes se habían acreditado distintas maniobras de extorsión dirigidas contra personas investigadas por narcotráfico, pedidos de dinero a cambio de evitar imputaciones y la confección irregular de actuaciones judiciales, con la presunta intervención de funcionarios vinculados al sistema penal.
En el caso de la estructura que operaba en San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión por haber sido considerado organizador de una asociación ilícita. En tanto, el sargento Santiago Ignacio Cabré recibió una pena de 14 años y el teniente Mario Alberto de Armas fue condenado a 12 años de prisión.
El alcance de la sentencia también involucró a integrantes del ámbito profesional y civil. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas de ejecución condicional y recibieron inhabilitaciones especiales para ejercer la abogacía. Ambos habían sido considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en hechos vinculados con extorsión y cohecho.
Por otro lado, el tribunal absolvió a seis de las personas que habían llegado imputadas al juicio. Además, ordenó que las actuaciones fueran remitidas a la etapa de instrucción para profundizar la investigación sobre la posible responsabilidad del exfiscal provincial Claudio Scapolan, quien había sido destituido, así como de otros funcionarios judiciales y policiales que podrían haber tenido participación en las maniobras investigadas.
Durante sus alegatos, los fiscales Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly habían sostenido que los hechos no podían ser considerados episodios independientes de corrupción. Para el equipo acusador, se había configurado un mecanismo coordinado mediante el cual integrantes de las fuerzas de seguridad habían utilizado facultades estatales para intervenir ilegalmente en el tráfico de estupefacientes en la provincia de Buenos Aires.
Por la gravedad institucional que había quedado expuesta durante el proceso, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez resolvieron enviar los fundamentos de la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial.
La medida había tenido como objetivo que esos organismos adoptaran acciones preventivas destinadas a evitar que estructuras similares volvieran a utilizar recursos y funciones del Estado para favorecer actividades vinculadas con el narcotráfico y otras prácticas ilícitas.
