El Gobierno obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, promovida por Patricia Bullrich, fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. Acompañaron al oficialismo legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz.
En el momento de la votación en general, el peronismo se mantuvo cohesionado y rechazó el proyecto. Antes de la sesión, diputados vinculados al Frente Renovador habían deslizado la posibilidad de respaldar en particular el artículo referido a la baja de edad, en línea con la postura histórica del espacio, que en 2015 había impulsado un proyecto de Código Penal fijando el límite en 14 años. Sin embargo, la decisión del oficialismo de votar por capítulos y a mano alzada derivó en que el massismo finalmente no acompañara.
El nuevo régimen establece, además de la baja de la edad de imputabilidad, una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves, entre ellos homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. También contempla sanciones alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, restricciones para concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
El proyecto pone especial énfasis en la creación de institutos específicos para menores condenados, donde se garantice el acceso a la educación, la atención médica y tratamientos por adicciones. Asimismo, se establece que todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia, y se prohíbe de manera taxativa cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.
Otro de los puntos incorporados es la posibilidad de aplicar la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con la intervención obligatoria de las partes y el consentimiento expreso de la víctima.
Durante el inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo que la normativa vigente, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni ofrece respuestas adecuadas a las víctimas. En ese marco, afirmó que la nueva propuesta incorpora estándares internacionales que Argentina había suscripto, pero que nunca se tradujeron en una legislación específica.
La legisladora, en su rol de miembro informante y presidenta de la comisión de Legislación Penal, también advirtió que el sistema actual deja a numerosos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni herramientas de resocialización, lo que —según señaló— facilita su captación por organizaciones criminales. En esa línea, destacó que el consenso alcanzado con sectores opositores fue producto de un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y la participación de más de treinta especialistas.
Desde el peronismo, las críticas apuntaron a la falta de un enfoque integral. “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, expresó Juan Grabois, quien remarcó que el debate debería centrarse en la salud mental y los consumos problemáticos. Además, reclamó la creación de espacios de internación para adolescentes en situaciones críticas. “Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”, argumentó.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Molina cuestionó el sentido del debate: “¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”.
Desde el oficialismo, Santiago Santurio defendió la iniciativa al afirmar que, si bien no será “la solución definitiva”, constituye una respuesta frente a delitos graves cometidos por menores. “No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”, sostuvo.
La sesión fue seguida desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. Entre los presentes estuvieron Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, asesinado en Santa Fe; Viviam Perrone e Isabel Yaconis, de Madres del Dolor; Adriana Mónica Álvarez, de USINA de Justicia; la familia Sperani, Laura Fernández, Guillermo Bargna y Marcos Rodríguez.
En la versión final del texto, el Gobierno sumó un artículo vinculado al financiamiento del nuevo régimen, que prevé una asignación total de $23.739.155.303. De ese monto, $3.131.996.784 serán destinados al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación. La incorporación se produjo luego de que gobernadores advirtieran que no respaldarían la iniciativa si el costo recaía exclusivamente en las provincias.
Miguel Ángel Pichetto acompañó la baja de edad, pero planteó reparos: “La medida es necesaria y se ajusta a estándares internacionales. Pero sin inversión en infraestructura adecuada y educación, es solo humo. El Estado no puede seguir ajustando en lo social si pretende resultados en seguridad”.
Antes de la votación, Laura Rodríguez Machado explicó que algunos artículos fueron reformulados para evitar interpretaciones ambiguas, especialmente en lo referido a la prohibición absoluta de que menores sean alojados junto a detenidos mayores.
