Un grave episodio fue denunciado en la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde un interno que presuntamente pretendía brindar información sobre hechos de corrupción dentro de la cárcel habría sido golpeado y, horas después, su celda terminó completamente incendiada.
El detenido, de apellido García y conocido como “Panchi”, habría sido agredido en el Pabellón 1 por otros internos vinculados a “La Comitiva” o “Limpieza y Mantenimiento”. Se trata de un grupo integrado, según las denuncias, por exintegrantes de fuerzas armadas y de seguridad, cuyos propios compañeros los señalaron por supuesto narcotráfico intramuros, extorsiones y otros delitos que presuntamente se desarrollaban con complicidad de autoridades penitenciarias.
En referencia a los hechos registrados dentro del penal y a una investigación previa sobre el funcionamiento de esta organización.
Una discusión y una advertencia
El episodio se habría iniciado el sábado alrededor de las 9, cuando García mantuvo una discusión con integrantes de “La Comitiva”. De acuerdo con los testimonios incorporados a la denuncia, durante el enfrentamiento le habrían exigido que permaneciera en silencio y que no hablara sobre determinados hechos.
“Panchi” habría recibido una advertencia concreta: que era mejor que no hablara porque podía pasarla mal.
Tres horas después, cerca del mediodía, se produjo el incendio que destruyó por completo la celda 20, donde se encontraba alojado García.
Aunque no se estableció públicamente quién inició el fuego, otros internos sospecharon que el incendio pudo haber sido provocado por integrantes de “La Comitiva”. Según los testimonios, dentro del pabellón se comentaba que García “quería soplar la bolsa”, expresión utilizada para referirse a la intención de revelar los presuntos acuerdos existentes entre los internos denunciados y funcionarios del establecimiento.
Una segunda amenaza después del incendio
Luego del incendio también se habría registrado otra discusión relacionada con García. Según los relatos de los internos, quienes previamente lo habían atacado le hicieron saber que lo ocurrido constituía “un aviso”.
La amenaza, de acuerdo con esas denuncias, habría incluido una advertencia todavía más grave: si el detenido continuaba hablando, las represalias podían alcanzar a su familia.
En paralelo, algunos internos aseguraron haber observado una conversación entre integrantes del Servicio Penitenciario y miembros de “La Comitiva” en el patio interno del Pabellón 1.
Según esos testimonios, durante esa charla se habría mencionado que en el informe oficial el episodio quedaría registrado como un principio de incendio provocado por un cortocircuito.
Los denunciantes también sostuvieron que tres presos habrían sido enviados a buscar una pava eléctrica desde un volquete ubicado en el sector de basura. Siempre de acuerdo con esas versiones, los internos habrían realizado esa tarea acompañados por un oficial penitenciario, con el objetivo de respaldar la explicación del supuesto desperfecto eléctrico.
“En el pabellón todos sabían que no fue un cortocircuito”
Los testimonios recogidos sobre el episodio cuestionaron de manera directa la hipótesis del accidente.
“En el pabellón todos sabían que no fue un cortocircuito. Fue un atentado. Una forma de decir ‘acá mandamos nosotros’”.
La celda 20 quedó posteriormente clausurada, aunque, según los denunciantes, en su interior permanecieron una televisión y la pava eléctrica que habría sido utilizada para intentar sostener la versión del cortocircuito.
Once presos imputados tras un allanamiento
El caso se conoció en medio de una investigación que ya había derivado en un importante procedimiento dentro de la Unidad Penal 31.
El jueves anterior, 11 internos fueron imputados luego de un allanamiento realizado en el marco de una causa que investigaba una organización criminal presuntamente dedicada a extorsiones, narcotráfico y estafas dentro de la cárcel.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la DDI Quilmes y se originó a partir de distintas denuncias presentadas por familiares de personas detenidas y por internos alojados en el Pabellón 1.
Como consecuencia del procedimiento, se imputó a 11 presos y se secuestraron 13 teléfonos celulares, que quedaron incorporados a la investigación judicial.
Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de dos teléfonos dentro de la oficina del subdirector del establecimiento.
Los 11 internos identificados
Los imputados fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.
Sin embargo, las denuncias también plantearon dudas sobre el resultado del procedimiento y sobre la posibilidad de que parte de los elementos buscados hubiera sido retirada antes del ingreso de los investigadores.
En ese sentido, los denunciantes aseguraron que la presunta droga destinada al tráfico dentro de la cárcel y los dispositivos vinculados al servicio de internet habrían sido ocultados varias horas antes en el Pabellón 3.
Según esa versión, los integrantes de la organización habrían recibido un aviso previo sobre el operativo. Los denunciantes remarcaron que, de acuerdo con sus testimonios, la información no habría provenido de la Policía, sino de funcionarios del propio penal que estaban al tanto del procedimiento.
La denuncia por el ataque contra García y el incendio de su celda quedó así vinculada a una investigación más amplia sobre el funcionamiento de una presunta estructura criminal dentro de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela y las posibles responsabilidades de personas detenidas y funcionarios penitenciarios.
