La condena a prisión perpetua contra Marina Silva, la ex policía que asesinó a sus dos hijos en la provincia de San Luis, quedó firme luego de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara el recurso de apelación presentado por la defensa. La mujer había sido hallada culpable por los homicidios de Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2, crímenes cometidos en 2024. Un año más tarde recibió la pena máxima prevista por la ley.
La resolución judicial fue dada a conocer en las últimas horas y ratificó la sentencia de prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en dos hechos, en concurso real.
A lo largo del juicio y también durante la instancia de apelación, la defensora de Silva, Agustina Tobares, sostuvo que su representada atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad emocional al momento de los hechos. Según planteó, padecía una profunda afectación psicológica derivada de años de violencia de género, la crianza de sus hijos en soledad, dificultades económicas y un severo cuadro depresivo.

En ese sentido, la defensa también cuestionó la valoración realizada por el tribunal respecto de una pericia psicológica y psiquiátrica confeccionada por especialistas de Tucumán. Dicho informe concluyó que la acusada sufría un trastorno depresivo grave con ideación suicida y que, al momento de los asesinatos, atravesaba un fenómeno denominado “suicidio ampliado”, mediante el cual creía equivocadamente que protegía a sus hijos de un futuro que consideraba devastador.
No obstante, el Superior Tribunal de Justicia respaldó el criterio adoptado en la sentencia original. En el fallo se reconoció que Silva había sido víctima de distintos tipos de violencia —verbal, psicológica, física, sexual y económica— en relaciones anteriores, aunque se consideró que esas circunstancias no justificaban una disminución de la pena impuesta.
El veredicto había sido emitido el 22 de octubre de 2025 por los jueces Adriana Lucero Alfonso, en calidad de presidenta, junto con Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur como vocales. La decisión se tomó luego de escuchar los alegatos finales y celebrar la audiencia de cesura de juicio.
Durante el debate oral se concluyó que la acusada planificó el ataque y actuó durante la madrugada del 1 de octubre de 2024 con el objetivo de evitar cualquier intervención de terceros, aprovechando que los niños se encontraban completamente indefensos.
Asimismo, los magistrados destacaron que las pruebas incorporadas al expediente, entre ellas pericias balísticas, estudios médico-forenses y análisis caligráficos, permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y acreditar la responsabilidad penal de la mujer.
El caso
Los asesinatos ocurrieron el 1 de octubre de 2024 mientras los dos menores dormían en una cama matrimonial. De acuerdo con los resultados de las autopsias, cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a pocos centímetros de la oreja, lesiones que les provocaron la muerte de manera inmediata.
La investigación determinó que Silva abrió una garrafa para adormecer a los pequeños antes de ejecutar el plan. También comprobó el funcionamiento de su arma efectuando un disparo sobre el colchón y luego cubrió los rostros de ambos con almohadas antes de dispararles dos veces a quemarropa.
Tras cometer los crímenes, dejó una carta de despedida en la que hacía referencia a sus problemas económicos, pidió perdón a sus familiares y expresó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.
Además, colocó mensajes de advertencia en los accesos de la vivienda. En la puerta principal escribió: “Llamá a la Policía, no entres”, mientras que en la puerta trasera dejó otro cartel con la inscripción “no entres”, ambos redactados y firmados de su puño y letra.
