El juez de Paz de Aguaray, Freddy Josué Chocobar, fue condenado por haber retenido dinero correspondiente a cuotas alimentarias que había sido depositado en el juzgado para ser entregado a sus beneficiarias.
La condena fue dictada mediante un juicio abreviado, instancia en la que el magistrado reconoció los dos hechos investigados. Chocobar recibió una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación, al ser considerado autor de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real y por dos hechos.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Jorge Armando Cazón y se inició luego de distintas denuncias relacionadas con fondos correspondientes a cuotas alimentarias. El dinero había sido depositado en el Juzgado de Paz de Aguaray, pero posteriormente no había sido entregado a las mujeres que debían recibirlo.
Durante la audiencia judicial, Chocobar admitió ambos casos. En uno de ellos reconoció que una mujer se había presentado en el Juzgado de Paz con el objetivo de retirar $370 mil, correspondientes a una cuota alimentaria que había sido depositada. Sin embargo, el dinero no le fue entregado.
En el segundo episodio, otra beneficiaria también había quedado sin recibir los fondos que habían sido depositados con el mismo propósito.
El avance de la causa penal estuvo condicionado inicialmente por la inmunidad constitucional que alcanzaba a Chocobar debido a su función como juez de Paz. Ante esta situación, el fiscal impulsó el procedimiento correspondiente para que el magistrado pudiera quedar sometido a la jurisdicción penal y solicitó formalmente el levantamiento de esa inmunidad.
El pedido fue aprobado por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta, organismo encargado del control de los jueces de Paz de la provincia. Además, el máximo tribunal provincial resolvió disponer la suspensión provisoria de Chocobar en su cargo.
Con esa medida, la Fiscalía pudo continuar con la investigación y llevar adelante el proceso penal que finalmente terminó con la condena del magistrado.
Como parte del acuerdo alcanzado, Chocobar deberá devolver a las víctimas un total de $690 mil. Según se estableció, la primera cuota de ese monto ya fue depositada, mientras que el resto deberá ser abonado de acuerdo con las condiciones fijadas judicialmente.
La sentencia también estableció una serie de medidas que el condenado deberá cumplir durante los próximos dos años. Entre ellas, deberá fijar residencia y quedar bajo el control y seguimiento del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados.
Asimismo, tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familiares. También deberá abstenerse de realizar cualquier acto que implique amenazas o violencia, ya sea física o psíquica, contra ellas.
